Era lo que le faltaba al PP de la Comunidad. Al retroceso que vaticinan las encuestas, las dudas sobre quién será el candidato en 2015, la asfixia financiera de las arcas del Consell y los múltiples casos de corrupción que han azotado al partido de norte a sur de la autonomía, a los populares se les suma ahora una querella demoledora de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público apunta directamente contra el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps y le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación por la llegada de la Fórmula Uno a Valencia. El fiscal también se ha querellado contra la exconsellera de Turismo Lola Johnson, a la que le atribuye los mismos delitos que a Camps y uno más societario; y al ex piloto de motos Jorge Martínez Aspar, al que acusa de ser cooperador necesario de los mismos delitos que el expresidente.
La querella de Anticorrupción ha vuelto a cerrar una semana negra para el PP. Otra más. El lunes llegó el primer varapalo. El magistrado José Ceres cerró la instrucción de tres piezas centrales de Gürtel y procesó a cinco dirigentes populares por la supuesta financiación irregular del partido. En concreto, al exvicepresidente del Consell y coordinador de la campaña de 2007, Vicente Rambla; al secretario general del PPCV entre 2007 y 2008, y hoy diputado autonómico, Ricardo Costa; al vicesecretario general del partido entre esos años, David Serra; a la gerente regional popular en 2008, Yolanda García; y a su antecesora en el cargo, Cristina Ibáñez. Es decir, la cúpula de Camps.
El jueves, el presidente regional, Alberto Fabra, se topó con otro contratiempo. La magistrada que ha instruido el caso de la plaza Magallanes de Alicante procesó al vicealcalde de la ciudad, Andrés Llorens, por adjudicar las obras de ese espacio público meses después de su inauguración.
Y el viernes hubo ración doble. Por una parte, llegó la querella de la Fiscalía contra Camps, Johnson y Aspar, con acusaciones muy duras contra el primero. Anticorrupción concluye que eludió «todos los procedimientos administrativos de contratación pública» y realizó un «consciente desprecio hacia la legalidad vigente» en las negociaciones para que Valencia acogiera una prueba de Fórmula Uno.
Por otra parte, el Tribunal Supremo urgió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad a juzgar la pieza de Gürtel relativa a Fitur y cargó contra las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such. El Alto Tribunal las acusó de haber utilizado una «táctica dilatoria» al dimitir de sus escaños para perder el aforamiento cuando el TSJ ya les había abierto juicio oral. La semana, por tanto, ha estado plagada de contratiempos para el PP.
Lo peor, sin embargo, puede estar todavía por venir. Los populares de la Comunidad afrontan en los meses previos a las elecciones un auténtico calvario judicial, así como la resolución de varias «patatas calientes». Una, la posible dimisión de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en la pieza de Brugal relativa al Plan General de la ciudad y en la del Plan Rabasa. En ambas, por beneficiar supuestamente al constructor Enrique Ortiz.
Entre los juicios que podrían celebrarse durante los próximos meses está el de Fitur. Finalmente será el TSJ de la Comunidad el que sentará en el banquillo a la actual alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, y a Angélica Such. La Fiscalía pide a la primera 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para la segunda solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La querella que ha presentado ahora Anticorrupción, con todo, no ha perturbado especialmente al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Fuentes próximas al jefe del Consell destacaron ayer que ha salido indemne de la compra de Valmor e insistieron en que la peor parte se la llevan tanto Camps como sus afines. «Ha sido un varapalo para Rus, Rita y Císcar», señalaron. Y es que pese a los intentos por buscar la unidad, las convulsiones internas en el partido siguen vivas.
El propio Fabra valoró ayer la querella tras asistir a la inauguración del TRAM en Castellón. El líder regional del PP dijo estar «muy tranquilo» porque «el informe del fiscal dice que a la junta de accionistas (de la que formaba parte el Consell) no me achaca ninguna responsabilidad». Y añadió: «Quiero dejar una cosa muy clara: que trabajamos para que la F-1 no siguiera celebrándose en la Comunidad por una cuestión económica, porque si no teníamos dinero para poder cubrir las necesidades básicas, difícilmente podíamos mantener un gran premio».
