Las resoluciones por las que se ordenó pinchar el teléfono del empresario Enrique Ortiz, y que ahora están sirviendo de base en la instrucción del proceso abierto por supuestas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico Rabasa, «fueron acordadas por un juez con competencia objetiva y funcional (...) por lo que no es posible apreciar una violación de un derecho fundamental patente, indudable y ostensible».
Con este párrafo, el magistrado Juan Carlos Cerón, instructor de esta causa, no sólo valida unas actuaciones que comenzaron en Orihuela por la adjudicación de un macrovertedero sino que acaba con toda posibilidad de que el caso pudiera haber muerto en la fase en la que ahora está y, de paso, haberse llevado por delante una parte tan significativa de la instrucción por los amaños del PGOU que en la práctica lo habría dejado en mantillas.
La decisión del juez devuelve la instrucción al momento en que se encontraba cuando decidió no seguir adelante hasta resolver los recursos planteados por las partes: a punto de tomar declaración como imputados, además de al empresario, a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al gerente de Urbanismo Enrique Sanus, a la responsable jurídica de este área Isabel Campos y a dos cargos del Ministerio de Fomento, Emilio Peiró y Francisco Javier Criado.
Frente a los recursos presentados por las defensas de varios de los encausados, que cuestionaban la competencia del juez, Cerón ha resuelto no sólo que su colega de Orihuela hizo lo que tenía que hacer sino que sus resoluciones «fueron debidamente notificadas a las partes que han utilizado los recursos que las leyes procesales establecen para las mismas». Los recurrentes no entendían qué llevó al titular del juzgado de Orihuela a retomar las pesquisas sobre el plan Rabasa el 4 de julio de 2008 cuando tres meses antes, el 4 de abril, se había inhibido y enviado el asunto a Alicante, donde le correspondió instruirlo precisamente a Cerón, que lo sobreseyó apenas un mes después, el 6 de mayo, al no ver indicios de delito.
Los letrados planteaban que toda la instrucción posterior a ese 4 julio era «nula de pleno derecho» llegando a calificar de «maniobra procesal ilegítima» el hecho de que se incorporara de nuevo la causa al ámbito competencial del juzgado de Orihuela sin que existiera justificación alguna, afirmaban.
En un auto notificado ayer y que debió caer como un jarro de agua fría a todos los imputados, (en especial a la alcaldesa por lo que se jugaba en esta decisión, en la que ansiaba encontrar un respiro), considera Cerón que «la documental procedente del juzgado de Orihuela y lo que de ella derive debe mantenerse unida a la causa por ser una diligencia proporcionada, necesaria e idónea para los fines de la investigación». E insta a las partes a que «hagan valer sus pretensiones» en cuanto a la posible nulidad en las sesiones previas de la vista oral, una conclusión que comparte con las cuatro secciones de la Audiencia que ya se han pronunciado sobre este tema.
