La reunión del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, con los barones provinciales y con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la que se decidió que la consellera Isabel Bonig sustituya a Serafín Castellano en la secretaría general Isabel BonigSerafín Castellano, sirvió el pasado lunes no solo para redefinir el modelo de partido con el que afrontar las citas electorales de 2015, sino para abordar todos los debates que preocupan en la organización. Y uno de los que más ampollas levanta es el de la «línea roja» contra la corrupción marcada por Fabra, que implica la dimisión de sus cargos de los imputados y la renuncia en caso de juicio. Muchos en el partido defienden que eso se ha convertido en un arma de la oposición para apartar a cargos y que debería esperarse hasta la sentencia. Durante la comida con Fabra se le trasladó esta queja pero el líder del PPCV se mantuvo firme en que no tocará su línea roja. «Pues tira también a Ripoll», le apuntó Barberá, según fuentes de la reunión, en referencia al expresidente provincial y titular del Puerto de Alicante, imputado en el caso Brugal.
No es que la alcaldesa le pidiera realmente la cabeza de Ripoll. Fue su forma de manifestarle el reproche extendido en sectores del PP de que la «línea roja» se aplica con dureza solo a algunos, mientras otros, como Ripoll, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el de Castellón, Alfonso Bataller, o en su día Carlos Fabra (hasta la condena), se ven exentos. Fabra se reafirmó en su criterio. El presidente ha argumentado que aplica la «línea roja» en los cargos sobre los que tiene la competencia (Corts y Generalitat), con lo que los ayuntamientos quedan fuera. El presidente del Puerto, no obstante, lo nombra el Consell.
En el nuevo escenario abierto en el PPCV, los barones consideran que las direcciones provinciales son las que deberían tener el poder en el partido, ya que son las que conocen de primera mano la organización, y la regional ocuparse de «coordinar» e «impulsar» las acciones que decidan llevarse a cabo, así como, en caso de conflicto local, actuar con mano dura. No, como hasta ahora, en que se solapaba o intentaba pasar por encima de las provinciales. Los barones han dejado a Bonig manos libres para que decida los ajustes en la dirección, unos cambios que deberán consensuarse con las provinciales.
En privado se cree que Fabra no negoció bien con Génova la salida de Castellano. El presidente, que tiene pendiente la confirmación de su candidatura a la Generalitat, aceptó el sacrificio del conseller de Gobernación pero, consideran, si quería darle una salida digna haciéndolo delegado del Gobierno en la C. Valenciana, tendría que haber ligado la marcha al compromiso del Gobierno de aceptar a Castellano. Ahora, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se resiste a situar en esa plaza al exnúmero dos.
