Todos a una. La totalidad de los alcaldes consultados por este diario han coincidido en reclamar al Gobierno central que rebaje la presión sobre los ayuntamientos y les permita acometer inversiones en los meses previos a las elecciones municipales de mayo de 2015. Primeros ediles del PP, PSPV, Compromís y Los Verdes recuerdan que ya llevan aplicando ajuste tras ajuste desde hace varios años y piden a Mariano Rajoy que parte de sus remanentes se pueda destinar a políticas que redunden en beneficio de sus vecinos. «Es un clamor general de los alcaldes», sintetiza la presidenta de la Diputación y regidora de San Vicente del Raspeig, Luisa Pastor.
Las restricciones gubernamentales se remontan al año 2012. Por aquel entonces, con el PP ya en La Moncloa, el Ministerio de Hacienda impulsó la primera edición del plan de pago a proveedores para que los consistorios abonaran las facturas que tenían pendientes con las empresas. Esa iniciativa fue un éxito y se acogieron a ella 105 entidades locales alicantinas. Pero no les salió gratis. A los correspondientes intereses que tendrán que abonar por el préstamo, se suma además el plan de ajuste que tuvieron que aprobar en sesión plenaria. Se vieron obligadas a adelgazar gastos y, en muchos casos, a incrementar impuestos. Pero es que, además, las corporaciones locales de la provincia se han visto obligadas a bregar con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, impulsada también por el Gobierno central. En concreto, los alcaldes discrepan con su Artículo 32, que explicita: «En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda». Es decir, que si el ayuntamiento cierra el ejercicio en positivo, está obligado a destinar ese dinero a amortizar deuda.
La reivindicación de los alcaldes no es nueva. Sin embargo, el Ejecutivo no le ha prestado demasiada atención. El pasado año decidió dar un pequeño margen a las entidades locales y permitió destinar una parte del superávit a inversiones. Pero muy pocos ayuntamientos son los que han podido acogerse a esa medida. ¿Por qué? Pues básicamente, porque deben cumplir una serie de requisitos difícilmente alcanzables en los tiempos que corren. No deben rebasar un determinado límite de endeudamiento, han de tener remanente positivo y tienen que cumplir con la regla de gasto, según recuerda el alcalde de Xàbia, el socialista José Francisco Chulvi. Su consistorio, no obstante, sí cumple esos requisitos. Pero aún así, no puede acometer inversiones que generen un mantenimiento adicional durante los próximos años, como instalaciones deportivas o culturales. «Los ayuntamientos somos la administración que más hemos aportado al cumplimiento del déficit. Los que han incumplido los objetivos son el propio Gobierno y las comunidades autónomas, especialmente la valenciana. Hemos demostrado responsabilidad y madurez, pero no nos dejan invertir en infraestructuras», lamenta.
Restricciones
El 22 de diciembre del pasado año, el Boletín Oficial del Estado (BOE) dio cuenta de una disposición adicional que estableció los nuevos requisitos para gastar el remanente. En primer lugar se debe destinar a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, es decir, las facturas en los cajones. A continuación, ese dinero tiene que servir para cancelar cualquier factura impagada con los proveedores. Si aún quedaran fondos, se tienen que destinar a cancelar préstamos para no incurrir en déficit y, por último, se podrán acometer inversiones. Eso sí, siempre que no acarreen un mantenimiento en un futuro. «Si la Corporación Local tuviera un saldo positivo (tras pagar deudas y reducir su endeudamiento) éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible», reza la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Los alcaldes quieren aprovechar el optimismo que reina ahora en el Gobierno para que el Ministerio de Hacienda abra la mano y altere esas condiciones. El Ejecutivo central está proclamando que la crisis ya ha tocado fondo y que todos los indicadores apuntan hacia la recuperación. Los primeros ediles confían ahora en contribuir a esa mejoría. «Queremos ayudar a generar empleo, pero el Gobierno nos está coartando», asegura el regidor de Muro, Rafael Climent (Compromís).
Todos los primeros ediles del PP consultados por este diario no han tenido reparo en reivindicar ante el Gobierno que puedan invertir en vísperas de las elecciones. Pero ya no tanto por la cita con las urnas, sino más bien porque generaría riqueza en la población, según dicen. Andrés Llorens (Alicante), Luisa Pastor (San Vicente), Eduardo Dolón (Torrevieja), Ana Kringe (Dénia), Adela Pedrosa (Elda), Sebastián Cañadas (Mutxamel) y Alejandro Morant (Busot) coinciden en esa reivindicación. También lo hacen los primeros ediles del PSPV José Francisco Chulvi (Xàbia) y Toni Francés (Alcoy); los de Los Verdes Monserrate Guillén (Orihuela) y Francisco Javier Esquembre (Villena); y el de Compromís Rafael Climent (Muro).
