La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptó el pasado 24 de abril un acuerdo para que los ayuntamientos que continúan arrastrando problemas financieros puedan prolongar la devolución del préstamo que concertaron en 2012 para pagar a sus proveedores. El Ejecutivo adoptó varias decisiones. La primera, prolongar de dos a tres años el periodo de carencia para pagar, manteniendo en 10 años el plazo máximo para amortizar ese crédito. A las entidades locales que decidan acogerse a esta opción también se les aplicaría una rebaja intermedia de los tipos de interés.
En segundo lugar, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos permite también a los ayuntamientos obtener una reducción máxima de los tipos de interés -de unos 140 puntos básicos-, pero manteniendo el periodo de carencia en dos años y el de amortización en 10. Y por último, el Ejecutivo también da una opción para los ayuntamientos que peor lo están pasando. Podrán ampliar el periodo de amortización de 10 a 20 años y el plazo de carencia de dos a cuatro. También podrían beneficiarse de una reducción del tipo de interés de 41 puntos básicos.
Todas estas medidas pretenden ayudar a los consistorios, pero no a cualquier precio. El Ministerio de Hacienda ha remitido recientemente a los ayuntamientos unas tablas en las que se especifican los ajustes que tendrán que aprobar si desean acogerse a cualquiera de estas fórmulas.
Las más restrictivas son, precisamente, para las corporaciones más ahogadas. Si optan por ampliar el plazo de carencia y el de amortización, y ya cuentan con más apoyos económicos del Gobierno para paliar sus tensiones de tesorería, tendrán que reducir un 5 % sus gastos corrientes durante el próximo ejercicio. Además deberán adoptar las medidas necesarias para que sus servicios se autofinancien con tasas y precios públicos, y no podrán bajar impuestos.
