La cooperación internacional tampoco se libra de la crisis... ni de los juzgados. La Generalitat Valenciana solo destinará este año 3,3 millones de euros para impulsar proyectos solidarios en el extranjero. La cifra apenas representa el 0,0034 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, aunque representa un ligero aumento respecto al presupuesto del pasado año. En concreto, de un 1,3 %, de acuerdo con los datos facilitados ayer por la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana.
La exconcejal alicantina compareció ante los periodistas tras el pleno del Consell para dar a conocer las guías maestras del Plan Director de la Cooperación Valenciana 2014-2017, aprobado ayer en la sesión plenaria. La consellera anunció que el nuevo plan persigue promover y fortalecer la gobernabilidad democrática; garantizar la cobertura de derechos económicos y sociales; mejorar el acceso a medios de vida sostenibles; y que la calidad prime en la gestión de la cooperación valenciana. Nada más terminar su intervención, llegó la primera pregunta espinosa: «¿Se van a reforzar los controles para evitar episodios como el de Rafael Blasco?». Sánchez Zaplana dio a entender que sí. Recalcó que se trata de un documento «de consenso» y que se ha elaborado a través del trabajo «en equipo» y con criterios «objetivos». Justo, lo que al parecer no ocurrió cuando Rafael Blasco dirigía la hoy extinta Conselleria de Solidaridad.
El exsíndic del PP en las Cortes ha sido juzgado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por el desvío de fondos destinados a cooperación para la compra de cuatro inmuebles en Valencia. La Fiscalía le acusa de maniobrar para que el Consell concediese subvenciones a su amigo Augusto César Tauroni (hoy preso) para su posterior desvío. La Fiscalía, la Abogacía de la Generalitat y la acusación popular le piden una pena de hasta 15 años de cárcel por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y falsedad documental. Blasco además está pendiente de ser juzgado en una segunda pieza del caso Cooperación por la trama de ONG y de funcionarios para el desvío de fondos.
Desde que este escándalo saltó a la luz, las ayudas que concede la Generalitat para el Tercer Mundo han ido disminuyendo hasta tal punto que ahora apenas representan una ínfima parte del PIB de la Comunidad. El famoso o,7 % al que se quería aspirar queda ahora muy lejos.
