El empresario Enrique Ortiz afirmó ayer, a preguntas de este periódico, que «no he tenido ni tengo cuentas fuera de España, ni he trabajado nunca con Javier Gutiérrez». Ortiz, imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al igual que Gutiérrez, por la pieza separada del llamado «caso Brugal» que investiga un posible amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, respondía de esta forma tan contundente, a requerimiento de INFORMACIÓN, a la noticia desvelada por este periódico la pasada semana de que la Policía había localizado una cuenta en la islas Caimán, cuyo titular sería el abogado y exconcejal socialista Javier Gutiérrez y en la que había un saldo de dos millones de euros.

Gutiérrez regularizó dicho saldo con la Agencia Tributaria el pasado mes de julio, una vez supo que estaban siendo investigadas sus finanzas, pagando entre impuestos debidos y sanción un total de 1,2 de los 2 millones que estaban depositados en ella. Los agentes buscan ahora la procedencia de ese dinero.

Ortiz remachó ayer que «no he pagado jamás cantidad alguna a Javier Gutiérrez y tampoco le he encargado como abogado ninguna gestión respecto al Plan General». Yendo más lejos, el promotor aseguró que «yo soy el más perjudicado con el nuevo Plan General que se ha redactado, como se comprobará en los tribunales».

La cuenta detectada por la Policía en una entidad bancaria del paraíso fiscal de las islas Caimán a nombre de Javier Gutiérrez, con un saldo de dos millones de euros, no había tenido movimientos desde el año 2008, año que coincide con el de la dimisión de Luis Díaz Alperi, impulsor de la redacción del nuevo PGOU, como alcalde de Alicante.

Gutiérrez, que fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante y antes trabajó como asesor tanto en UGT como en las Cortes Valencianas, se dedicó al derecho urbanístico tras dejar el Consistorio y trabó una relación de amistad con Díaz Alperi. En la actualidad comparte despacho con José Luis Castedo, hermano de la regidora de la ciudad, también imputado, entre otros, junto a la primera edil y al anterior alcalde en la causa del PGOU.

El exconcejal socialista, cuyo tren de vida ha llamado desde hace tiempo la atención y que conduce en estos momentos un vehículo de la casa Porsche valorado en entre 20 y 30 millones de las antiguas pesetas según el equipamiento, ha declarado que el dinero que tenía en las islas Caimán, y que ocultó al Fisco hasta el pasado verano, es fruto de su trabajo profesional.

A hilo del hallazgo de la cuenta, y como diligencias complementarias de las solicitadas el pasado marzo, el magistrado que instruye esta causa, Juan Climent, ha reclamado a una veintena de entidades financieras todos los datos de que dispongan de Alperi así como de su mujer y de sus tres hijos. Climent quiere saber qué productos financieros tienen contratados el exregidor y su familia así como si disponen de hipotecas, cajas de seguridad, etc.

En la misma providencia, el magistrado pide idéntica información acerca de Viviendas del Mediterráneo y Jacobriz, dos sociedades ligadas a Ortiz y al constructor conquense Aurelio González y a los bungalows que entre 2003 y 2011 han estado ocupados de forma continua o durante largas temporadas por los hijos de Alperi. Los investigadores consideran que estas viviendas son una de las prebendas con las que Ortiz agradeció Alperi la información que le habría facilitado del PGOU.