Las viviendas ocupadas por los tres hijos de Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante durante parte de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, «podrían ser un pago a favor del ex alcalde» por parte de Enrique Ortiz y otro empresario de su confianza. Así se recoge en la investigación policial del caso Brugal.

El documento judicial señala que los tres hijos de Alperi, ocupan tres viviendas en una urbanización construida y promovida por Viviendas del Mediterráneo Orvi, cuyos administradores mancomunados son Enrique Ortiz y Aurelio González Villarejo. Sobre la titularidad de estas viviendas Alperi y Ortiz fueron ya interrogados cuando estaban imputados por el caso de las supuestas mejoras al empresario en la adjudicación de tres estacionamientos. La respuestas de Alperi en el interrogatorio fueron no tener relación con los bungalows y las de Ortiz no tenerla con los hijos de Alperi. No obstante, según el sumario, «al parecer, los bungalows fueron vendidos a Jacobriz días antes» del interrogatorio indicado.

Jacobriz tiene el mismo domicilio social que otras seis empresas y aunque no está presente Ortiz sí lo está en todas ellas, con cargos distintos, Aurelio González Villarejo, así como Vicente Pérez Cañas, del que el sumario recoge distintas conversaciones con Ortiz.

De una primera conversación entre Ortiz y Vicente Pérez, el 2 de octubre de 2008, la investigación deduce la existencia de un contrato de alquiler con opción de compra con los tres hijos de Alperi, lo que supone restar al precio final a pagar el importe de los alquileres abonados, «aspecto que es del todo beneficiario» para los hijos de Alperi, añade el documento policial.

En las conversaciones entre Ortiz y Vicente Pérez se constata «el interés inusual» mostrado por el empresario alicantino, «que llega al extremo de querer conocer las cantidades concretas que ha pagado y resta por pagar Elisa Díaz», cuando «no tendría que tener ninguna relación con los hijos del ex alcalde», tal como respondió en sede judicial cuando fue imputado por los aparcamientos.

El 26 de octubre de 2008 Ortiz acude al domicilio particular de Alperi para desayunar, según consta en el sumario. Durante ese desayuno conjunto, el empresario llama a Vicente Pérez «para solucionar el tema del alquiler del bungalow». Para la Policía queda claro que dicha conversación se relaciona con la vivienda de uno de los hijos del ex alcalde. En días sucesivos hay nuevas llamadas del empresario interesándose también por las cantidades concretas que adeuda cada hijo de Alperi por su vivienda.

Uno de ellos, Otto, dejó de pagar el alquiler y llegó a adeudar alrededor de 7.500 euros, recogiéndose en el documento policial la «extrañeza» de que la empresa propietaria del bungalow no ejerciera ningún tipo de acción judicial. El sumario también deja constancia de la coincidencia en el tiempo de la retirada en efectivo de «gran cantidad» de dinero de las cuentas del empresario por parte de gente de su confianza, en días distintos, incluso un sábado. En las conversaciones telefónicas se habla en clave y al dinero se le denomina «bocata».

En otra conversación con González Villarejo, Ortiz le pide que cambie el nombre de los contratos de alquiler porque aún aparece Orvi en ellos. González le responde que ya se han cambiado por Jacobriz, a lo que Ortiz replica que él no los tiene cambiados pero que es posible que los tenga Miguel Carratalá (su cuñado y empleado en el área jurídica). Para la Policía todo esto denota «la mecánica utilizada por las partes para no dejar rastro o eliminar pistas que relacionen los pisos y el posible pago de los mismos con Alperi y Ortiz».

El sumario también alude a un pago de los alquileres por importe de 36.000 euros (seis millones de pesetas) por una persona que no se identifica por las conversaciones telefónicas pero que podría ser Alperi al coincidir el importe con lo adeudado por los tres hijos.

Finalmente, la Policía apunta a que cabría la «posibilidad» de que las viviendas fueran «regaladas» al interceptar una conversación de Ortiz con Pérez, el 5 de febrero de 2009, en la que plantea la necesidad de comprobar la contabilidad de Orvi porque «es posible que exista un ingreso y una salida», lo que supone que «se simuló el pago y no se pagó». La existencia de este asiento «reflejaría justamente lo que se quiere evitar, que es dar a conocer un posible trato de favor». «Ortiz llega a decir expresamente que se simuló el pago», añade el sumario.