Durante meses, periodo de tiempo que algunas de las partes personadas elevan a más de un año por la petición de nuevas pruebas, puede prolongarse la instrucción del proceso que se sigue en la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad por los presuntos amaños en el PGOU de la Alicante, una causa en la que se investiga si la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el anterior regidor Luis Díaz Alperi facilitaron datos reservados del planeamiento urbano al empresario Enrique Ortiz a cambio de prebendas. Los tres, además de otras personas, se encuentran imputados por estos hechos por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. La regidora vuelve a declarar hoy en el TSJ a petición propia.

A la orden dada la semana pasada por el instructor del caso, el magistrado Juan Climent, de investigar el patrimonio de Alperi, el de toda su familia y el de su amigo y promotor Antonio Solana, además de rastrear dos sociedades (la propietaria del catamarán en el que navega el exregidor y la mercantil de un exedil socialista con la que Alperi firmó un contrato de prestación de servicios y también imputado en este caso junto a su socio, un hermano de la alcaldesa) se une la última petición de diligencias del ministerio fiscal.

El acusador público acaba de plantear a Climent la necesidad de recabar datos de la empresa que contrató el jet en el que el exprimer edil viajó a Creta en el verano de 2008 en compañía de la concejala popular Sonia Alegría así como de la mercantil dueña del aparato. En concreto, el fiscal Felipe Briones solicita que se aporte la contabilidad de los años 2007 a 2009 de Rivaflecha S.L., la empresa que gestionó el alquiler del jet, además de solicitar también a la Agencia Tributaria que entregue cuantos datos tenga de esta mercantil en esos mismos años. A la par, el fiscal quiere saber la relación de servicios en ese periodo de tiempo de la empresa Best Fly, propietaria del aparato en el que voló el exprimer edil. Previamente, el fiscal ya había pedido los datos contables de Rocafort S. L. propiedad del empresario valenciano Ricardo Fuster, también imputado, que se negó a declarar ante el juez y quien abonó el importe del vuelo.

Aun cuando la mayoría de la información solicitada la tiene que aportar Hacienda y su entrega no se prevé que se demore en exceso, es en el análisis posterior de esos datos donde algunas de las partes ven que puede producirse un alargamiento del periodo de instrucción que podría ser de meses e incluso, según algunos cálculos, superar el año, una cuestión nada baladí para Castedo cuyo futuro político depende en mucho tanto del resultado final del proceso como del momento en que se encuentre cuando haya que confeccionar las listas para las próximas elecciones.

La alcaldesa desfila con La Sentencia

La alcaldesa, Sonia Castedo, tiene mañana, Viernes Santo, una cita con la Semana Santa alicantina como capataz del paso de La Sentencia, función que ejerce desde que era concejala de Urbanismo. La hermandad madre a la que pertenece este trono, El Prendimiento, espera la presencia de la regidora como cada Semana Santa "porque hasta el momento desde el Ayuntamiento no nos han comunicado que vaya a causar baja como capataz", dijo ayer el hermano mayor presidente, José Miguel Ivorra. Además de Castedo como capataz, son varios los concejales que participan en esta procesión de La Sentencia de Jesús como costaleros.