Nuevo varapalo judicial a otro decreto de la Generalitat. Y ya van... El TSJ de la Comunidad Valenciana ha anulado el copago en los servicios sociales, dando toda la razón del mundo a los colectivos de dependientes que lo impugnaron.
No se anda con medias tintas el fallo del tribunal, que tacha de "coactivo" el decreto autonómico impulsado por la Conselleria de Bienestar Social que dirige la alicantina Asunción Sánchez Zaplana. Un decreto que vulnera casi todo lo que podía vulnerar, por resumir.
Llegados a este punto cabe preguntarse a qué dedican el tiempo los asesores jurídicos del Consell. Porque una cosa es que a los políticos de turno se les ilumine la bombilla y se saquen de la chistera una ley injusta, abusiva, anacrónica -pónganle el epíteto que gusten- pero que los expertos en la materia no les hagan caer del burro a tiempo y se llegue al extremo de que la Justicia les pinte la cara, eso todavía tiene más delito.
En un ejercicio de puro sentido común y, por qué no decirlo, de sensibilidad, la sentencia recuerda que las prestaciones reguladas por el ya suspendido decreto -no cabe recurso alguno- son "servicios asistenciales básicos e imprescindibles" dirigidos, para más inri, a un colectivo "que no parece que sean especialmente favorecido". Blanco y en botella.
El tirón de orejas va más allá, pues el tribunal recuerda que el principio de legalidad en materia tributaria, uno de los infringidos por el controvertido decreto, "se remonta a la Edad Media", de lo que se deduce lo poco documentados que están nuestros regidores.
El Consell, con las arcas públicas tiritando fruto, entre otras cosas, de su obcecación por "los-grandes-proyectos-temáticos-que-ponían-en-el-mapa-a-la-Comunidad-Valenciana" sacó la tijera y no tuvo miramiento a la hora de recortar servicios a los más necesitados.
El argumento es tan socorrido como tachado por algunos de demagógico, pero es que todavía están calientes en nuestra memoria la Fórmula 1, la Ciudad de la Luz y otros dispendios prescindibles -y lo peor, de proyectos fracasados- que fueron copagados por todos.
Es cuestión de prioridades y el gobierno del PP en la Generalitat ya dejó bien claras las suyas.
