La Comisión Europea ha declarado ilegal la ayuda de 265 millones de euros de la Generalitat Valenciana a la construcción del complejo industrial audiovisual de la Ciudad de la Luz de Alicante, y ha solicitado que España recupere el dinero, una decisión que recurrirá el Gobierno valenciano.

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Bruselas ha determinado que esta aportación pública "no se facilitó en condiciones de mercado, por lo que tiene que ser devuelta", y ha dudado de que la decisión de crear un nuevo centro cinematográfico cuando ya existen en Madrid y Barcelona respondiera a "razones comerciales".

Para el comisario europeo de Competitividad, el español Joaquín Almunia, el sector cinematográfico español es "dinámico y competitivo", y "no hay ninguna necesidad de destinar dinero público a la financiación de un nuevo operador".

Almunia ha argumentado que dar dinero público a unos estudios penaliza a los ya existentes y a aquellos que podrían entrar en el mercado y que no reciben estas ayudas, y ha añadido que "en el actual clima económico las consecuencias pueden ser desastrosas".

La Comisión Europea abrió una investigación en profundidad en 2008 a raíz de varias denuncias para determinar si la financiación que la Generalitat Valenciana concedía a la Ciudad de la Luz era conforme a las normas europeas que regulan las ayudas estatales.

El fallo de Bruselas será recurrido por el Gobierno valenciano, tal y como ha adelantado, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra (PP), que cree el dinero fue "bien empleado" y que no hubo competencia desleal.

Fabra, que la pasada semana en Bruselas ya trasladó personalmente a Almunia que "se actuó de forma correcta", ha insistido en que la aportación económica "no se puede entender como una ayuda estatal sino como la de un inversor privado dentro de una economía de mercado".

Por ello, ha agregado que los servicios jurídicos estudiarán el fallo para, "desde la tranquilidad", recurrir la decisión.

El director de Ciudad de la Luz, el cineasta José Antonio Escrivá, ha manifestado a los periodistas que el fallo constituye "un gran iceberg" o un "nubarrón" que obliga a "reajustar los plazos" del actual proceso de privatización del complejo audiovisual.

A este respecto, ha revelado que el proceso abierto hace meses para la externalización podía haberse culminado en unos dos meses porque "había gente interesada" en los platós alicantinos.

Tras confiar en los recursos, ha subrayado que "hay que luchar para que esto no se hunda" ya que Ciudad de la Luz "es una gran inversión de la Generalitat y un sueño de (Luis García) Berlanga".

"Hay que luchar por Ciudad de la Luz, por el cine alicantino y el cine valenciano porque esto es un proyecto cinco estrellas que ni Europa ni gente que no juega en nuestro campo lo va a tirar abajo", ha aseverado Escrivá.

La oposición responsabiliza a la Generalitat

Los grupos parlamentarios Compromís y PSPV en Les Corts han calificado hoy al Consell de "irresponsable" e "inútil" por la concesión de 265 millones de euros en ayudas a los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz de Alicante, mientras que el PP ha confiado en que el Gobierno valenciano tendrá "respuesta" a las exigencias de la Comisión Europea.

Los grupos se han expresado así tras la reunión de la Junta de Portavoces y después de saber que la Comisión Europea ha dictaminado que estas ayudas son ilegales y deben ser devueltas a su beneficiario.

El portavoz del grupo socialista, Antonio Torres, ha calificado la actuación del Consell (Gobierno valenciano) respecto a las ayudas de "irresponsabilidad grave", en la "misma línea de lo sucedido en Terra Mítica".

"El PP ha usado fondos de Madrid y de la Unión Europea en actuaciones de dudosa rentabilidad y sin tener en cuenta la normativa", ha aseverado el socialista, quien ha lamentado que el dinero que se tendrá que devolver "tendrá que salir de las arcas de la Generalitat".

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís Mónica Oltra ha asegurado que la Ciudad de la Luz es una instalación "magnífica pero inútil" para la producción valenciana y ha afirmado que se trata de "otro agujero" de la Generalitat.

A su juicio, todo esto "corrobora que el tópico de que la derecha gestiona bien es mentira", puesto que este es el ejemplo del gobierno, según sus palabras, "más inútil de todo el Estado español y de parte del extranjero".

El portavoz del grupo popular, Rafael Blasco, se ha mostrado "sorprendido" con la decisión de la Comisión Europea, y ha confiado en que el Consell será "respetuoso" y tendrá "respuesta" a las exigencias de Bruselas: "Desde luego, dentro de lo que marque la ley y de lo que sea exigible, lo va a cumplir el Gobierno valenciano", ha subrayado.