De agravio en agravio hasta la injusticia final. O hasta la liquidación. Así de inflexible se muestra la Agencia Tributaria con el Hércules, un club centenario en trance de desparición por su mala gestión en los despachos, su bajo rendimiento en el campo y la intransigencia de la Hacienda pública.

El club del Rico Pérez que ahora preside Juan Carlos Ramírez, con la anuencia en la sombra de Enrique Ortiz, ha dado motivos de sobra para la desconfianza y el recelo de todos sus acreedores desde que el conocido constructor desembarcara en 1999 en el club y generase pérdidas por más de 60 millones de euros.

Ahora bien, después de lustros de desmanes e incumplimientos, el club ha hecho un esfuerzo en los últimos cinco años para intentar ponerse al día con Hacienda Hacienda mientras negocia con el resto de acreedores un aplazamiento de los pagos. Así, la deuda con la Agencia Tributaria en 2013 superaba los 10 millones de euros y hoy se ha reducido hasta los 4,2 millones. Es decir, se han pagado seis millones al fisco durante un periodo que coincidió con el descenso del equipo a los infiernos de la Segunda B, una categoría deficitaria por antonomasia.

Desplazado Ortiz por completo de los focos, Ramírez ha tomado las riendas de la negociación, pero ha chocado con un muro: Hacienda. Y más en concreto, con la Dirección General de Grandes Contribuyentes en Madrid, reticente por sistema a todas las propuestas del club, que se siente víctima de un «enquistamiento personal» y de un constante agravio comparativo.

En el Hércules, e incluso en determinadas esferas de la Hacienda Pública, no se entiende que las garantías inmobiliarias que aporta Ramírez como aval se rechacen cuando sí se aceptan a la inmensa mayoría de otras sociedades en apuros económicos. Ni que los técnicos de la Agencia Tributaria den el visto bueno a unas condiciones que luego son descartadas en el escalafón superior. Ni que se pueda cuestionar la voluntad de pagar del nuevo consejo de administración, que ofrece el abono inmediato del 50% de la deuda cuando otros clubes en parecida situación, como el Elche y el Cádiz, llegaron a un acuerdo para un pago inicial del 10% de su deuda...

No va más. La última oferta de Ramírez, con tintes de ultimátum y de «solución final» para el Hércules, ya está sobre la mesa de Hacienda, en cuyas manos está el presente y el futuro de la entidad.

El muro infranqueable de la Dirección General de Contribuyentes en Madrid

El Hércules respiró aliviado cuando a comienzos de mayo supo que su expediente de acuerdo singular con Hacienda se había trasladado desde Madrid hasta la Delegación Regional de Valencia. Pensó el consejo de administración que así podría salvarse de las reticencias y del muro infranqueable que suponía en la negociación la directora general de Grandes Contribuyentes, Soledad García. Pero no; su gozo en un pozo, porque todos los acuerdos singulares deben ser aprobado desde Madrid y la delegación regional carece de competencias para renegociar estos convenios. Cuando Ramírez habla de «encono personal» y de «enquistamiento» de la situación del club se refiere, sin citarla, a la directora de Grandes Contribuyentes y las diferencias que mantiene con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, cuando ambos pleitearon durante el concurso del Rayo Vallecano. Indigna y desconcierta en el club y su entorno que la última oferta de Ramírez se vea con buenos ojos en Valencia, pero pueda chocar de nuevo con la muralla de Madrid.

El pago de la deuda cuenta con plenas garantías en efectivo y por el valor de los inmuebles

Ramírez se compromete a pagar mañana mismo dos millones en efectivo y a avalar con garantías inmobiliarias reales los 2,2 millones restantes en la deuda, pero Hacienda exige un aval bancario por la totalidad de los 4,2 millones. Expertos en materia tributaria aseguran que la oferta es «razonable» y que el pago de la deuda está «plenamente garantizado» por el desembolso inmediato de casi el 50% del montante global y mediante hipotecas reales de fincas urbanas, «cuyo valor de mercado se revaloriza y puede incluso superar la cantidad adeudada». Choca igualmente esta dureza con el Hércules cuando a la inmensa mayoría de las sociedades con dificultades sí se les aceptan garantías inmobiliarias y cuando el Elche y el Cádiz cerraron un acuerdo singular por el pago inicial del 10% de sus deudas con un 5% en Segunda B, un 12,5% en Segunda A y entre el 31 y el 33% en Primera División.

Acreditada voluntad de pagar

Cuando el Hércules dejó de pagar en septiembre pasado las cuotas del convenio, la AEAT pudo exigir la totalidad de los más de cuatro millones pendientes, pero no lo hizo. Se limitó a comunicar en febrero que resolvía el acuerdo por impago. No obstante, el club pagó el 5 de abril 560.000 euros por los atrasos del convenio resuelto, lo que equivale a ponerse al día con Hacienda y demuestra su voluntad de hacer frente a la deuda, según los expertos. En cuanto a la validez de las garantías inmobiliarias que aporta Ramírez para cubrir los 2,2 millones que no paga de inmediato, el Reglamento General de Recaudación autoriza la presentación de otras garantías alternativas al aval bancario, tales como hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria bajo una serie de condiciones que cumple Ramírez.

El silencio del PP y el empeño insuficiente de Echávarri

La clase política provincial y autonómica asiste con indiferencia a este «auto de fe tributario» del Hércules. Sólo el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se emplea a fondo en defensa de la viabilidad del plan de Ramírez, pero su empeño parece insuficiente. En el PP, escaldados por la «barra libre» del Consell de Francisco Camps y sus avales multimillonarios a los clubes, apenas el presidente de la Diputación César Sánchez ha alzado la voz para pedir flexibilidad a la AEAT.