Salvo sorpresa harto improbable, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) -es decir, la Generalitat - se convertirá en las próximas semanas en el nuevo propietario del estadio José Rico Pérez, donde juega el Hércules de Alicante desde hace 43 años.
La previsible adjudicación de la titularidad del recinto deportivo al IVF, que será el cuarto propietario desde 1974, responde a una estrategia doble del Consell que preside el socialista Ximo Puig. En primer lugar, devolver la gestión de usos del estadio al Ayuntamiento -que ya fue propietario entre 1994 y 2007-; y en segunda instancia, intentar recuperar el máximo de los 18 millones de euros que el Ejecutivo autonómico del popular Francisco Camps entregó a la Fundación Hércules en contra de los informes técnicos del propio IVF que alertaban de la imposible devolución del dinero. Una profecía autocumplida.
Ese es el doble objetivo que sostienen en público los nuevos responsables del banco de la Generalitat. Sin embargo, en el fondo, la prioridad era otra: el Consell quería a toda costa cerrar el paso a Enrique Ortiz -«la persona que nos llevó a esta situación»- para impedir que el empresario volviera a quedarse con el estadio de forma directa o por persona interpuesta.
Lo que sigue a continuación es un resumen en clave de las posiciones de los cuatro actores principales -Consell, Hércules, Ayuntamiento y Aligestión- en este auto dramático, judicial, económico y deportivo de la subasta del Rico Pérez, la casa del primer equipo de la ciudad desde 1974.
1. El Consell saca al Hércules de la ecuación y mete a Echávarri
«El Ayuntamiento debe gestionar el Rico Pérez hasta su venta y el Hércules seguir utilizándolo». Lo dijo alto y claro en este diario el director general del IVF, Manuel Illueca, que rechaza subrogarse en el convenio de uso y disfrute que tiene hasta 2032 el club alicantino con la propietaria del estadio, Aligestión -en concurso de acreedores-. El objetivo del Consell es que la titularidad y la decisión sobre los usos sean exclusivamente públicas, sin margen para terceros, y menos para cualquier sociedad o intermediario ligado a Enrique Ortiz.
La Generalitat mantiene que este cambio de propiedad es la situación más conveniente no sólo para el estadio, sino también para el club. Ante la crítica situación económica del Hércules -que puede agravarse si se le deniega la suspensión cautelar del pago de siete millones exigido por la UE por las ayudas ilegales-, el Consell presenta como una garantía de continuidad del sentimiento herculano el hecho de que el Rico Pérez esté en manos públicas. «En esas gradas y en ese estadio reside el herculanismo los últimos 43 años. Y mientras el estadio subsista y esté disponible, ese espíritu y ese sentimiento permanecen, al margen de las vicisitudes económicas del actual Hércules», sostienen desde la Generalitat, que ha recibido con satisfacción el respaldo de las peñas herculanas a su intervención.
2. El Hércules se pone en manos de la sociedad Ramírez-Portillo
Consciente de la «línea roja» que representa Enrique Ortiz para la Generalitat del Pacto del Botánico, el club se ha puesto en manos del apoderado Juan Carlos Ramírez en esta hora crítica. Con la entidad en causa de disolución por el alto porcentaje de sus fondos negativos sobre su escuálido patrimonio, Ramírez pujó con buena fe en la subasta por el Rico Pérez y llegó a ofrecer 3,5 millones por el estadio, cifra que consideró indebida e insuficiente el IVF, que la superó en 275.000 euros para convertirse en el mejor postor. El apoderado quería que el Hércules se quedara con el estadio para reforzar el patrimonio del club e intentar sacarlo de la causa de disolución en la que se encuentra y que amenaza seriamente su supervivencia. Al menos con el actual nombre de Hércules CF.
Pero el IVF no lo permitió, no quiere actores privados en el nuevo escenario del Rico Pérez. Dos días después de la subasta, Ramírez acudió el pasado miércoles al Ayuntamiento para analizar la nueva situación con el alcalde Gabriel Echávarri. Apoderado y alcalde han limado viejas rencillas y al término de la reunión Ramírez confirmó que el miembro de la comisión deportiva del Hércules Javier Portillo se convierte en su socio para «mantener a flote» la entidad. A nadie escapa que la aparición en primera línea del exjugador garantiza en el fondo que su yerno Enrique Ortiz continúa en el barco, pero en segundo plano y sin figurar.
3. Una «ventana de oportunidad» se le abre al Ayuntamiento
La intervención del IVF ha sentado especialmente bien al alcalde Echávarri, que en cuestión de semanas puede recuperar 10 años después para el Ayuntamiento la gestión del Rico Pérez, con todo lo que supone de patrimonio sentimental de los alicantinos. El primer edil, que estuvo el domingo en el Pepico Amat viendo el Eldense-Hércules, se ha puesto la bufanda blanquiazul, ha redoblado su presencia en el palco del estadio, y ha recalcado que su equipo seguirá jugando en el estadio.
A la espera de concretar con el IVF los términos del convenio de uso y el precio de la cesión, a Echávarri se le abre a mitad de su mandato una gran «ventana de oportunidad» para gestionar el uso y disfrute del Rico Pérez.
Sin hacer desembolso alguno, el Ayuntamiento tomará las riendas de la instalación deportiva más representativa de la ciudad. Y estará en condiciones de renegociar con el Hércules las nuevas condiciones de utilización: las actuales en estos tiempos de incuria y las futuras más promisorias. De modo que si el equipo hace los deberes y vuelve al fútbol profesional, los ingresos por la cesión de uso del estadio se podrían multiplicar y revertir en las arcas municipales para su posible reinversión en actuaciones de largo alcance como una ciudad deportiva para el club y para toda la ciudad. De momento, y mientras el equipo siga en Segunda B, parece el cuento de la lechera, pero a Echávarri, y a cualquier alcalde, le suena de maravilla.
No obstante, antes de cualquier plan de futuro, el primer edil tiene que solucionar el escollo interno de la negativa del vicealcalde Miguel Ángel Pavón -con Guanyar hemos topado- a resolver el contrato de venta a Aligestión en 2007 mientras no se acredite debidamente que Ortiz -otra vez Ortiz- ejecutó las obras de mejora en el estadio a las que estaba obligado por contrato.
4. Aligestión y su estrategia de la confusión como defensa
Y mientras, ¿qué intenta la propietaria cesante, que entró en concurso de acreedores y liquidación por fiar con el Rico Pérez el préstamo de 18 millones? Simplemente, entorpecer el proceso y sembrar dudas para intentar hacer valer sus derechos. Legítimo derecho de defensa. Los socios de Aligestión -Miguel Carratalá, cuñado de Ortiz; Juan José Huerga, anterior directivo del club, y José Manuel Viejo- han intentado en vano judicializar y torpedear la puja por el estadio con el argumento de que la operación puede estar viciada por la posible ilegalidad del préstamo de los 18 millones pagado por el IVF en 2010 y de que la entrada en escena del banco de la Generalitat supone un nuevo despilfarro de dinero público. Sin perjuicio de que pudieran producirse más adelante responsabilidades indemnizatorias por parte del Consell si se declara ilegal el famoso aval.
