16 de diciembre de 2015
16.12.2015
Agresión a Rajoy

El agresor de Rajoy amenazó en Twitter con atacar al PP

El arrestado pertenece a un grupo de ultras del Pontevedra que se ha desmarcado de la agresión

17.12.2015 | 10:28
El menor detenido por la agesión a Rajoy.

El menor de edad que ha agredido con un fuerte puñetazo al presidente del Gobierno Mariano Rajoy es miembro del grupo Mocidade Granate, los ultras del Pontevedra Club de Fútbol.

El propio colectivo de seguidores radicales ha difundido un tuit en su cuenta en el que se asegura que, como grupo, se desmarcan de la agresión. En una entrevista concedida a la web 'Hay que roelo' recogida por Europa Press declaraban que el grupo está "asociado a ciertos valores políticos como la izquierda y el nacionalismo".

"@MocidadeGranate se desmarca como grupo de la agresión de uno de sus miembros a Mariano Rajoy RE", dice este comentario publicado por la cuenta de 'Hai que roelo', pero retuiteado por el grupo Mocidade Granate.

El autor del puñetazo no tiene antecedentes, según ha informado el Ministerio del Interior a través de un comunicado en el que da cuenta del arresto del sujeto por parte de la Policía Nacional.

El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha confirmado que el menor cuenta con 17 años de edad y que su identidad responde a las iniciales de A.V.F., es de Pontevedra y ha sido trasladado a la Comisaría Provincial tras su arresto.

El arrestado, además, el menor detenido contaba con una cuenta en Twitter en la que publicaba mensajes de contendido político y, en ocasiones, agresivo, entre ellos uno del 14 de diciembre del año pasado en el que aseguraba que iba a atentar contra la sede del PP.

"Voi (sic) a hacer un atentado en sede del PP" es uno de los comentarios de este joven recogidos por Europa Press de su cuenta personal de Twitter. A.V.F. nació el 16 de marzo de 1998 y no cuenta con antecedentes, según ha informado el Ministerio del Interior.

"Sionistas, mercenarios hijos de puta sois lo peor de la humanidad hojala que os cojan a todos y os torturenen sin piedad hasta que enlocezais (sic)", era otro de sus mensajes en los que abundan las faltas de ortografía.

Pero este joven también tiene mensajes propios escritos por él como el que publicó el 6 de noviembre: "Que putaa es España". En otro comentario amenazaba con pegar "un tiro en la nuca" a un conocido periodista o amenazaba con matar a una mujer no identificada a la que dedicaba graves insultos.

Posibles condenas

El joven  puede enfrentarse a medidas de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores, en aplicación de la ley que regula la responsabilidad penal para mayores de 14 años, según apuntan juristas consultados por Europa Press que precisan, no obstante, que esta posibilidad es "improbable".

A la espera de que la Fiscalía califique los hechos, el agresor, de 17 años de edad y que ha sido detenido, es previsible que sea acusado de la comisión de un delito contra la autoridad, aunque otras fuentes apuntan a la posible comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado.

Según explica la ley, las medidas de internamiento se reservan para aquellos casos que responden "a una mayor peligrosidad" que se manifiesta a través de la naturaleza "particularmente grave de los hechos cometidos". El objetivo prioritario de la medida, según explica la norma, es que el menor disponga de "un ambiente adecuado" que sirva para que "pueda reorientar aquellas deficiencias que hayan caracterizado su comportamiento antisocial".

El régimen cerrado, la medida más dura

El régimen cerrado es, en todo caso, la medida más dura que puede aplicarse y los expertos consultados advierten que existen otras intermedias cuya aplicación será valorada por el fiscal y el juez de menores en quienes recaiga la causa. La norma define otros grados de internamiento, que pasan por el semiabierto y el abierto, la asistencia a un centro de día donde se realizan actividades educativas o la libertad vigilada.

También hay otras medidas más leves como la amonestación, en la que el juez manifiesta al menor las razones que convierten en algo socialmente intolerable su acto o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

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