El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha dado la razón a la empresa Limpiezas Urbanas Mediterráneo cinco años después de que la Conselleria de Medio Ambiente ordenara el cierre de su planta de residuos. De hecho, desde 2012, el moderno centro integral para el tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos ubicado en el paraje Las Cañadas de Elda no alberga actividad alguna.
La decisión adoptada por Vicente Tejedo, que entonces era el director general de Calidad Ambiental, se basó, fundamentalmente, en los informes de la oficina técnica del Ayuntamiento de Elda, que en ese momento presidía con mayoría absoluta la alcaldesa popular Adela Pedrosa.
Los dictámenes municipales esgrimían, entre otras razones, que la planta de residuos carecía de licencia y se encontraba fuera del ámbito de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) que el Consell le otorgó a la firma en mayo de 2002. Argumentos a los que el TSJ no ha dado ninguna validez en su reciente fallo y que, sin embargo, motivaron en marzo de 2012 la negativa del Consistorio eldense a conceder la licencia de primera ocupación a la empresa.
Al considerar que tal denegación no era justa ni legal, Limpiezas Mediterráneo presentó un recurso. La causa fue estudiada por el Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Alicante y en mayo de 2013 emitió una sentencia favorable a la empresa, por la que declaraba el derecho de la mercantil a obtener la licencia de primera ocupación. Pero el equipo de gobierno popular de Elda decidió apelar al TSJ, que ha vuelto a desestimar los postulados jurídicos del Consistorio.
Por lo tanto, cinco años después de ser cerrada, el alto tribunal ha resuelto que la planta de Las Cañadas cumple todos los requisitos legales y administrativos para obtener la licencia municipal que le permita ponerse en funcionamiento. Además, la sentencia emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ya es firme y contra la misma no cabe recurso.
Por lo tanto el Ayuntamiento, actualmente gobernado por PSOE y Compromís con el socialista Rubén Alfaro al frente, está obligado a autorizar la apertura de las instalaciones. Pero el gerente, Vicente Marco, calcula que las pérdidas económicas que ha sufrido alcanzan, como mínimo, los 60 millones de euros. Es el coste estimado tras haberse visto obligado a cerrar la planta, despedir a sus trabajadores y perder todos los clientes que tenía.
