La concejalía de Salud de Elda ha aportado a este diario los datos de los que dispone sobre el caso de los tres perros que sufren un supuesto caso de maltrato en un pequeño piso del barrio de Nueva Fraternidad. La primera denuncia es una instancia, firmada por siete vecinos el 28 de diciembre de 2015, por las molestias de los ladridos y comunicando que la propietaria -una mujer con problemas de drogadicción cuya pareja se encuentra en la cárcel- sólo sacaba a pasear a la calle a uno de los tres canes.
Según consta en el expediente, intervino la Brigada Verde que, sin embargo, no pudo acceder a la vivienda. Después de dos incidencias más, interpuestas en la Policía Local y siempre por el tema de los ladridos, en enero y febrero de 2016 se inició un expediente sancionador por infracción de carácter leve, multando a la dueña con 400 euros. Además, la concejalía de Salud pidió la intervención de Servicios Sociales al objeto de buscar una solución al problema.
Salud inició un nuevo expediente tras las fichas policiales abiertas en la Policía Local, en los tres casos únicamente por ladridos de los perros, el 27 de junio, y los días 12 y 14 de agosto de 2016. Pero el expediente se cerró ya que, después de cada una de estas denuncias, los agentes no constataron dichas molestias cuando se personaron en el lugar. Así se afirma desde la concejalía, que alude también a un tercer expediente que sigue abierto, ya que el pasado 17 de octubre se registró otra incidencia en la Policía Local por molestias por ladridos, y un día después otro vecino presentó una nueva queja por las condiciones en las que se hallan los perros.
Quejas por ladridos
La edil del área, Nieves López, ha negado que su departamento haya hecho caso omiso en este tema y ha señalado que «siempre se ha seguido el procedimiento que se establece en estos casos que, excepto en la última queja de hace dos semanas, han sido únicamente por los ladridos». La edil ha añadido que está pendiente de recibir el informe de la Brigada Verde, que es la competente en estos caso, antes de decidir las medidas que se pueden adoptar.
No obstante, López matiza que «en estos casos siempre tratamos de dar una solución satisfactoria para todos teniendo también en cuenta el bienestar animal, aunque no siempre disponemos de todas las herramientas ya que el acceso a la propiedad privada, por norma general, ha de contar con el permiso de la autoridad judicial», concluye la edil de Salud.
