El jefe de servicio de Urbanismo, el arquitecto municipal Manolo Guill -en la actualidad apartado de sus funciones, aunque mantiene el cargo y sueldo como funcionario del Ayuntamiento- ha impugnado el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Elda, documento adjunto al nuevo PGOUPGOU, que se aprobó en el pleno de agosto.
El citado Catálogo, como ya adelantó este diario, incluye 216 fichas que enumeran la protección de edificaciones, espacios y hasta de un barrio completo 216 fichasprotección edificacionesespacios barrio , lo que implica determinadas restricciones para sus actuales propietarios.
Guill explica en una alegación al documento completo, presentada el pasado 29 de agosto, que «el propietario de un elemento de este tipo, terreno vacante o edificado, no puede edificarlos con el aprovechamiento urbanístico que el plan vigente le reconoce. No puede edificar nada o parte, debido a las cargas existentes de conservación» y añade que «el afectado sufre un trato desigual en relación con el resto de propietarios del entorno, y esa desigualdad de trato está proscrita en nuestro derecho urbanístico, hoy respaldado al máximo nivel normativo».
Según el técnico municipal, «para remediar semejantes situaciones se han arbitrado las denominadas técnicas equidistributivas o de reparto equitativo en cargas y beneficio». En este sentido, Manolo Guill apunta que «la inclusión de un determinado bien en un catálogo urbanístico, puede dar lugar a una obligación de indemnización a favor del propietario» y, a juicio del técnico, estas «técnicas equidistributivas que no ha previsto el Catálogo, puede dar pie al que el afectado reclame al Ayuntamiento una indemnización».
Tras su exposición legal, Guill añade en su escrito que «en consideración al impacto económico que pueden tener sobre la hacienda local tan elevadas compensaciones ante reclamaciones de propietarios afectados por el Catálogo aprobado y ante la inexistencia de mecanismos de gestión que palien el desmesurado desembolso que implicarían las indemnizaciones de barrios enteros» y cita La Prosperidad, y unidades de actuación como la fábrica de Emérito Maestre o de Hormas Beneit, y en ausencia del perceptivo informe de Sostenibilidad Económica, «debe prosperar la presente alegación», en la que se impugna el citado Catálogo.
Otro de los reparos de Guill al documento en el que además solicita su nulidad se basa en una sentencia del Supremo en la que «se pone de manifiesto las consecuencias jurídicas que para un instrumento de planeamiento urbanístico tiene el hecho de que durante su tramitación tenga lugar un vicio formal».
En este sentido, Guill argumenta «la ausencia del perceptivo informe del jefe de dependencia», lo que advierte podía derivar en «la posible comisión de un delito de usurpación de funciones».
