El Ayuntamiento de Elche va a tener que ejecutar de forma subsidiaria la obra necesaria para cambiar el apuntalamiento de la fachada del edificio de El Progreso, con el fin de que el tráfico rodado pueda volver a pasar por la plaza de la Constitución, y acabar con el corte que se mantiene en esta zona del centro de la ciudad desde el pasado 12 de enero.
Los propietarios del inmueble han presentado alegaciones contra la orden de ejecución que emitió el Ayuntamiento el pasado viernes, y en ella, según ha informado el alcalde de Elche, Carlos González, esta misma mañana, rechazan hacerse cargo de la obra necesaria para proteger la fachada que queda en pie y permitir que el tráfico recupere la normalidad en la zona.
Una vez que los propietarios han rechazado ejecutar el cambio del apuntalamiento es el Ayuntamiento el que toma el control sobre el asunto y, a la vez que contesta a las alegaciones, ya ha empezado a trabajar en la contratación de los trabajos necesarios.
La complejidad de la actuación hace imposible que los trabajos sean asumidos por los servicios municipales, según ha indicado Carlos González, por lo que el Ayuntamiento va a iniciar los trámites para adjudicar las obras a través de un procedimiento negociado sin publicidad.
El primer edil ha valorado que el hecho de que los propietarios del edificio hayan contestado a la orden de ejecución en pocos días y sin agotar el plazo legal, va a posibilitar acelerar los plazos para que la zona de la plaza de la Constitución recupere cuanto antes la normalidad.
La Conselleria de Cultura ordenó paralizar el derribo del edificio el pasado 12 de enero, hasta analizar si el inmueble tiene valor patrimonial y es conveniente conservarlo. Este inmueble estuvo protegido dentro del catálogo municipal hasta el Plan General de 1998, cuando fue descatalogado.
El Ayuntamiento concedió a finales de 2017 la licencia de obras necesaria para derribar el edificio y construir uno nuevo para viviendas o oficinas. No obstante, pocos días después de que arrancasen los trabajos de demolición de la antigua sala de ventas de aguas, la Generalitat ordenó la paralización de los trabajos.
Para proteger la fachada que quedaba en pie fue necesario instalar un sistema de apuntalamiento que invade la calzada y hace imposible que circule el tráfico rodado. Ahora lo que se quiere es modificar el apuntalamiento, que seguirá en el exterior pero ocupando menos metros y posibilitando crear un carril con el que restablecer el tráfico en la zona.
