La condena de más de medio millón de euros que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Elche a la mercantil Ilidexsa por el impago de unos trabajos realizados durante el mandato de Alejandro Soler y encargados desde la Concejalía de Fiestas, cuya responsable era Blanca González, ha acabado revolviendo al tripartito. Compromís se pronunció ayer públicamente para pedir responsabilidades políticas a sus socios de Gobierno y escenificó un nuevo distanciamiento en el seno del Ejecutivo local, que se suma a los enésimos enfrentamientos por el Mercado Central.
La formación, liderada por Mireia Mollà, también ha reclamado, al igual que ya lo ha hecho el Partido Popular, el cese de la exedil y ahora asesora municipal. Y lo ha pedido de forma urgente, después de que el fallo judicial, con fecha de octubre, se hiciera público el pasado viernes tras pasar por la junta de gobierno local y después de que el presidente de la Corporación Municipal, Carlos González, todavía no se haya pronunciado al respecto.
Desde Compromís calificaron ayer de «irresponsabilidad» las fórmulas utilizadas durante el mandato de Alejandro Soler, entre 2007 y 2009, para el encargo de trabajos, «obviando todos los procedimientos administrativos y legales, sin que fuéramos conocedores los anteriores miembros de Compromís en el Gobierno compartido, que no tuvimos ningún tipo de informe técnico». Cosa que el alcalde ilicitano también llegó a reconocer, en parte, esta misma semana al admitir que «los procedimientos se incumplieron por parte de quienes fueran los responsables del Gobierno en ese momento».
También a este motivo aludieron desde las filas del PP, cuando rechazaron abonar esas facturas de más de 400.000 euros en el año 2012, cuando estaban al frente del Ayuntamiento. Apuntaron entonces a que se trataba de acuerdos verbales sin seguir procedimientos administrativos. Sin embargo, los de Mireia Mollà quisieron desmarcarse ayer del PP a los que acusaron de proceder también de «manera irregular con la ampliación del servicio a la empresa encargada de la limpieza Urbaser, fuera de contrato y que supuso un detrimento a las arcas públicas de unos 407.000 euros».
En este nuevo revuelo que ha saltado por los aires también tomó ayer parte Ciudadanos. Los de David Caballero cargaron contra la gestión realizada por el PSOE y el PP al tener que pagar ahora 110.000 euros de intereses.
La formación naranja, que respaldará al tripartito para sacar adelante los presupuestos, se ha comprometido estudiar el expediente para, a partir de ahí, pedir responsabilidades políticas.
