No es una reflexión, ni una pregunta, ni una interpretación, sino un hecho. «La politización de la Justicia: claves de una realidad» realiza una radiografía de los altos organismos judiciales en España para explicar cómo se ha llegado al uso de la Justicia con fines políticos, pese a que, en un Estado de Derecho que se precie, la Justicia debería ser un poder al margen de la política. Victoria Rodríguez, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, presenta su libro, en el Colegio de Abogados de Elche, el próximo jueves a las 19.15 horas.
Nada más llegar al título queda claro que lo da por hecho: la Justicia está politizada.
Sí. Hay muchísimas conexiones entre la política y la Justicia y hay un intento evidente de la política de influir en el Poder Judicial. No tanto de los juzgados y tribunales ordinarios, pero sí de las instituciones fundamentales como el Consejo General del Poder Judicial. Es una batalla perdida porque cuando llega un partido político al Gobierno dice que lo va a despolitizar, que va a cambiar la forma, pero luego no lo hace.
¿Por qué aferrarse a controlar el CGPJ?
Por lo que hace. Designa a los órganos gubernativos: el presidente del Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, de las Audiencias? ¿Y a quién se juzga ahí? A los aforados, a los políticos. Por tanto, la cuestión radica ahí: en la necesidad de salvaguardarse.
¿Qué otros órganos ha visto que se politizan?
El libro estudia diez años, de 2004 a 2015, y viene a analizar todas las interferencias entre la política y la Justicia. Se ven no solamente en las instituciones judiciales sino en otras cosas, como en la actuación del Ministerio Público, los indultos, la guerra de cortes, que se da cuando el Tribunal Supremo dice una cosa y el Tribunal Constitucional revoca las sentencias del Tribunal Supremo. Hubo un momento en el que esta lucha era tan alarmante que el presidente del Tribunal Supremo llegó a pedir auxilio al rey.
¿Esto ha provocado que el ciudadano pierda la confianza en la Justicia?
Los barómetros dicen que sí. Según los últimos datos del CIS, el Tribunal Constitucional está valorado en un tres y medio, el CGPJ lo mismo, y los partidos políticos tiene una valoración del 2,5. Y los indicadores dan una idea de la calidad democrática. El 78% de los ciudadanos tienen poca confianza en la Justicia.
¿Y cómo hemos llegado hasta aquí?
El tema empezó cuando en el año 85 se cambió la configuración del CGPJ. Hasta 1980, en el CGPJ la mayoría de jueces se elegían entre ellos y el parlamento otra parte. En 1985 se hizo un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial y los 12 de los 20 miembros, son elegidos por el Parlamento. Lo curioso es que en ese momento se recurrió esta ley por el PP. El firmante fue Gallardón, pero cuando fue ministro de Justicia no hizo nada de lo que dijo que haría.
¿Qué armas pueden tener los jueces para salvaguardar su independencia?
Ha habido unos años de enfrentamiento muy duro entre la política y la Justicia. En el año 2009 hubo una huelga de jueces a la que sucedieron una cascada de operadores judiciales. A raíz de esta huelga hubo un manifiesto firmado por 1.400 jueces que pedían la independencia de la Justicia. Se creó la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que ha presentado varias denuncias ante la ONU por los abusos del Consejo.
Hablando de abusos, mencionaba antes los indultos, otra figura que se analiza en el libro y que parece que se utiliza también como salvaguarda política...
Los indultos son la interferencia más flagrante entre la política y la Justicia. Se ha hecho un abuso de ello y, aunque no creo que se pueda suprimir, porque errores puede haber, sí que se tiene que limitar. Propongo requisitos, como que cada año establezca una lista de modo más transparente.
Otra de las cuestiones que se analiza es el papel del Ministerio Fiscal. El fiscal general también es un cargo político...
Existen modelos en los que el Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial y tiene las mismas garantías de independencia e inamovilidad que los jueces, pero aquí está sujeto a jerarquía y dependencia, y lo nombra el Gobierno. Decía Maza: «Es que yo no recibo instrucciones». Yo no lo sé, pero como lo nombra el Gobierno, podría recibirlas y ser legítimo, y ser legal. Además, la actuación del Ministerio Público a veces está como durmiendo y otras está muy activa, en función de las circunstancias políticas.
