Ni el Ayuntamiento ni la Generalitat se harán cargo de pagar indemnizaciones a los afectados por cambios de clasificación del suelo, como es el caso de las zonas protegidas contra el ladrillo de La Marina. De acuerdo con el Plan de Ordenación del Litoral (Pativel), se excluye a los suelos con actuaciones de transformación urbanística y se declaran nulas las posibles reparaciones económicas.
En Elche esta directriz perjudicará únicamente a aquellos vecinos, promotores o agentes urbanizadores con parcelas en el MR-10, la zona de la pedanía en la que se ha reducido al máximo la edificabilidad. Una franja para la que el Consell ha decidido proteger con el nivel más alto este espacio y permitir tan solo 300 viviendas, cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitía unas 1.800.
Por el momento, los afectados por este plan autonómico que quiere luchar contra la «depredación» urbanística del litoral y vecinos de La Marina, en general, siguen con su idea de hacer protestas y de presentar alegaciones a esta primera resolución. Algo a lo que también se han comprometido desde Ciudadanos.
Frente a este paso dado por el Consell, que todavía no es firme, el tripartito ha tratado de calmar la tormenta y aseguró que en La Marina todavía quedan 1,1 millones de metros cuadrados de suelo por desarrollarse urbanísticamente. El concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, reconocía ayer que ese espacio blindado al máximo del ladrillo «es importante para La Marina», pero enunciaba las posibilidades que se abrían en otros sectores que no estarán protegidos por el Consell.
Como ejemplo, la nueva versión del Pativel flexibilizará los usos en los suelos del litoral y ahora habrá zonas (las catalogadas como suelos no urbanizables de protección litoral, las más próximas a la costa) en las que excepcionalmente se permitirá nuevas construcciones para equipamientos deportivos náuticos, aulas de la naturaleza y zonas de acampada públicas naturalizadas (no campings).
Además, será posible la rehabilitación de las viviendas, restaurantes, alojamientos turísticos y también pequeños comercios cuya superficie de venta sea de inferior a cien metros cuadrados. Otra novedad es que en las edificaciones catalogadas se permitirán ampliaciones de hasta un 20% de la superficie.
Mientras, en otras parcelas, que se encuentran en una segunda franja (las clasificadas como suelo no urbanizable de refuerzo del litoral), además de optar a estas posibilidades, tendrán permitido el uso agropecuario y también podrán construir una estación de servicio de carburantes.
En pie de guerra
Aunque todavía hay un plazo de 20 días hábiles para alegar contra la nueva redacción del Pativel, La Marina está en pie de guerra tras conocer las intenciones del Consell. Por un lado, porque consideran que, con la «sobreprotección» que se dará al sector MR-10, la pinada de la partida costera saldrá perjudicada al interpretar que quedará abandonada. Y, por otro lado, porque creen que con ese blindaje en ese sector clave de la fachada del litoral se acabará con el motor económico para pedanía. El Ejecutivo local trató de hacer llegar una solución intermedia pidiendo la protección del ancho del litoral, pero con la posibilidad de construir 700 viviendas. Mientras, la oposición y colectivos vecinales reclamaron dejar la zona del MR-10 como está en el Plan General de Ordenación Urbana y, de hecho, sacaron adelante una moción en el pleno para reclamar esa propuesta a la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, de poco han servido las opiniones municipales en este sentido, ya que este sector urbanístico tan solo ha sido liberado de la protección parcialmente. No obstante, en esa lluvia de recursos presentados al Consell también hubo cabida para otras tantas alegaciones, como por ejemplo, las de los ecologistas, que reclamaron la protección máxima para la franja costera. Ahora, se abren otros 20 días para ver en qué quedará todo.
