El número de personas que tienen en su posesión una licencia de armas y que guardan una escopeta en su casa ya no es lo que era. La crisis y el descenso de aficionados a la caza han hecho que los permisos en la comarca del Baix Vinalopó caigan un 30% en tan solo ocho años.
Hoy por hoy, la oficina de Intervención de Armas de la Guardia Civil tiene registrados, entre Elche, Santa Pola y Crevillent, más de 8.000 permisos y entre 13.000 y 14.000 armas controladas. Una cifra que dista mucho del año 2009, cuando había contabilizadas unas 12.000 licencias.
La realidad más clara es que el sector cinegético ha perdido adeptos y se ha convertido en una actividad que no termina de convencer a los jóvenes como ocurría antaño. La privatización de los cotos y la mayor concienciación animalista hacen que esta actividad se haya quedado reducida a unos pocos en comparación con hace una década, cuando había más del doble de armas autorizadas.
Unos condicionantes que se unen, además, al hecho de que muchos cazadores se han jubilado y que sus hijos no quieren tomar el relevo y mantener viva esa tradición en la familia.
Los gastos para mantener a punto los rifles de caza también han tenido mucho que ver en esta nueva tendencia, unido a la renovación de licencias obligatorias cada cinco años en caso de las amas genéricas y cada tres para las deportivas, tal y como señalan desde la Benemérita. Esta última modalidad es la que por ahora se está ganando la simpatía de la gente más joven que practica el tiro en campos especializados.
En este contexto, cualquier tramitación referente a estos permisos pasa por la oficina de Intervención de Armas del Cuartel de la Guardia Civil de Elche. Un lugar desde donde se vigila todo el armamento que circula por la comarca desde que se fabrica hasta que se destruye, desde quiénes son los propietarios, hasta si se venden las armas, desde si la licencia va a caducar, hasta si se renueva. Todo tiene que estar bajo el control de la Benemérita.
Y es que desde aquí también, en los sótanos de sus instalaciones, se custodia todas las armas depositadas por sus propietarios, porque se han convertido en inservibles o sus dueños han dejado caducar las licencias de armas y acaban entregándolas a la Guardia Civil. En cifras, el 99% de los rifles depositados en este almacén fueron utilizadas para actividades de caza, según estiman desde el cuartel ilicitano.
Así, ordenadas rigurosamente y con un registro pormenorizado, decenas y decenas de fusiles aguardan a su próximo destino. Y es que los agentes de la Benemérita se acaban convirtiendo así en los custodios de esas escopetas y pistolas que posteriormente pasarán a ser subastadas o destruidas para siempre. No en vano, los efectivos también protegen en un almacén contiguo otro arsenal de armas, pero en este caso, intervenidas por una orden judicial.
Estas labores las compaginan con el control del uso de explosivos en establecimientos pirotécnicos con inspecciones rutinarias, así como en armerías y en el ámbito de la seguridad privada.
Control de explosivos
Precisamente, otro de los asuntos que más volumen de trabajo ha comenzado a generar este año en las oficinas de Intervención de Armas de la Guardia Civil es el nuevo reglamento de explosivos, aprobado para los actos de arcabucería de las fiestas de los Moros y Cristianos. La entrada en vigor de esta normativa, de obligado cumplimiento a partir de 2019, ya ha empezado a movilizar a los agentes de la Benemérita y a los colectivos festeros de Elche para tenerlo todo claro de cara a las festividades, ya que la manera de proceder será algo diferente. La nueva regla permite usar más pólvora, pero endurece las medidas de seguridad. La medida incluye algunos cambios, como por ejemplo, ampliar la cantidad de productos pirotécnicos si la duración del acto lo requiere. Con ello, la Guardia Civil también tendrá entre sus funciones, según recoge el nuevo texto, la de supervisar el reparto de explosivos.
