04 de noviembre de 2016

Expertos exigen controles y fondos para evitar la ruina del patrimonio

Subrayan que la declaración de bien protegido a menudo no va de la mano de una preservación real

07.11.2016 | 23:32
Expertos exigen controles y fondos para evitar la ruina del patrimonio

La clave está en la falta de mecanismos de vigilancia y de dotaciones presupuestarias.

La protección que conlleva una declaración de Bien de Interés Cultural (la más alta a nivel autonómico) no siempre va de la mano de una protección efectiva y real que evite su deterioro. Así lo ponen de relieve expertos en patrimonio, que reclaman una mayor implicación de las administraciones en la vigilancia de los bienes protegidos, y una mayor dotación presupuestaria para mantenerlos o rehabilitarlos. El caso de la Torre de Aznar o Jubalcoy (una torre defensiva del siglo XVI ubicada en la carretera a Torrellano, que desde antes de protegerse en 1996 aloja un prostíbulo y que está ahora pintada de rosa) no es más que un ejemplo. Los hay aún más irreversibles, como el de la Torre Vigía Estaña, que se protegió hace 20 años estando ya bastante deteriorada y que no ha hecho más que seguir cayéndose hasta quedar casi en una pila de escombros.

El catedrático de Arquitectura de la UA Gaspar Jaén critica lo que considera una nula implicación por parte de los responsables políticos (no sólo de los actuales, sino de los de las últimas décadas): «Creo que ni al Ayuntamiento ni a la Generalitat les han interesado nada ni los monumentos, ni la arquitectura, ni lo que los investigadores como yo hemos estudiado: para ellos es un mero trámite, este edificio (la Torre de Jubalcoy) lo incluí en 1980 en mi proyecto como arquitecto municipal de edificios protegibles. Del catálogo ha ido desapareciendo todo, y estoy hablando de hace 36 años».

La protección concedida como BIC a 27 elementos ilicitanos «no se traduce en nada, no vale para nada ningún tipo de declaración legal; que sea un prostíbulo o tenga corazones no es la cuestión, sino que están arrancadas hasta las carpinterías barrocas, pero también se arrancaron en la última intervención del Palacio de Altamira, como se arrancaron los mármoles rojos de Santa María y nadie dice nada. El nivel de degradación de todos los monumentos es total, absoluto y radical; en las Chimeneas no han sido capaces ni de tapar la parte de arriba de los órganos de yeso».

La Torre de Estaña sería quizás «el caso más sangrante, porque cuando hice el catálogo del año 78 ó 79 para el Ministerio de Cultura a través del Colegio de Arquitectos, estaba muy entera». Esa torre vigía ha sido también reclamación histórica del Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó (IECBV), cuyo secretario, José F. Cámara, plantea que «la ley sí que tiene alguna herramienta de control, pero la deja en manos de ayuntamientos, que no tienen presupuesto». Expropiar los bienes a los dueños que no los cuiden sería uno de los recursos, si bien a lo largo de los años no se ha hecho.

Vacío
En ese terreno de nadie –ya que la competencia es de la Conselleria, pero las administraciones locales tienen el deber de actuar cautelarmente y alertar de las amenazas que sufran los bienes–, se hace imprescindible reforzar la coordinación: «Un funcionario municipal no podrá actuar de oficio si pasa por al lado, pero sí habría que crear un órgano o una especie de policía patrimonial», dice Cámara. Y es que «la ley dice una cosa, pero, si no hay dinero para el patrimonio, ¿qué carta juegan las administraciones?». Con el paso de los años, mientras la máquina burocrática se mueve lentamente, el patrimonio agoniza. Así se han perdido, por ejemplo, la Torre Gaitán, en la carretera de Santa Pola, de la que no quedan ni restos.

Coincide el geógrafo Vicente Bordonado en que «es una lástima que la Torre de Estaña, que en las fotos de principios de los 90 aún estaba de pie, sea ahora un pedregal y apenas queden uno o dos muros». La clave en algunos casos es que los bienes son propiedad privada, y los dueños se ven solos en la inabarcable tarea de invertir en patrimonio. La Torre de Estaña lleva años de recurso en recurso hasta que ha acabado judicializada por vía contencioso-administrativa, como concreta el concejal de Patrimonio de Elche, José Manuel Sánchez, quien sostiene que, «cuando la titularidad, es pública se actúa, como en el caso de la Torre de Vaíllos».

El edil asegura que «entiendo y comparto la preocupación y habrá que establecer recursos más efectivos para que el patrimonio valenciano se salvaguarde –ya lo estamos haciendo con la participación de técnicos de la Generalitat en la Mesa de Patrimonio local– pero nos va a costar porque venimos arrastrando muchos años de gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana, a los que el patrimonio cultural les ha importado bien poco».

Marga Guilló, de Asociación Desarrollo Rural del Camp d'Elx (ADR), plantea que, «cuando un patrimonio privado se declara BIC, para el dueño es un problema, porque nunca va acompañado de un presupuesto como sí ocurre en otras comunidades y otros países, que habilitan una dotación económica para salvaguardarlo. No podemos pretender que el propietario privado rehabilite a solas el patrimonio, a no ser que sea millonario; todo es cuestión de dinero, porque, sin presupuesto, la Mesa de Patrimonio del Ayuntamiento no sirve de nada; el grado de interés por el territorio se demuestra en las partidas presupuestarias, y ni el Ayuntamiento ni la Generalitat las tienen».

Para Gaspar Jaén es una cuestión de «inoperancia administrativa y pública tremenda; y, desde ese punto de partida, me sorprende que ahora alguien se rasgue las vestiduras después de 36 años de desastre», en referencia a la torre utilizada como prostíbulo, como señala.

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