Los vendedores que continúan en el Mercado Central de Elche lo tienen bastante claro: no desalojarán el viejo edificio al menos hasta que así se lo ordene un juez. Esa es la postura que han venido manteniendo y a la que continuarán aferrándose siguiendo el consejo de sus asesores legales, según aseguraron ayer algunos de los minoristas consultados.
Es más, una parte de los mismos cree que no va a ser posible que haya consenso o acuerdo, como ayer el tripartito anunció que buscará con los afectados, después de dar a conocer que finalmente el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana no encuentra óbice para continuar adelante con la concesión, y ello pese a que su veredicto no es vinculante, y que, desde el principio, se interpretó como una estrategia para ganar tiempo.
En concreto, este órgano no ve que se lesionen los intereses públicos si al final de la concesión del Mercado Central las plantas de aparcamiento subterráneo 3 y 4 revierten a la adjudicataria, como parte del pago en especie de las obras para la construcción y explotación del mismo.
El equipo de gobierno estaba esperando este dictamen para poder, a partir de ahora, iniciar los trámites al estar obligado a poner a disposición de la empresa concesionaria, Aparcisa, el Mercado Central, a fin de que ésta pueda acometer las catas arqueológicas.
Para ello, el Ayuntamiento deberá desalojar antes a los 14 trabajadores que se negaron a marcharse al provisional, los cuales insisten en que sus concesiones de los puestos siguen vigentes.
«Vamos a intentar llegar a un acuerdo con los placeros para dar cumplimiento a una obligación contractual. Vamos a trabajar en aras del mayor consenso posible», señalaba ayer el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, quien prefería no dar plazos de cuáles son las opciones que se abren ahora para realojar a los vendedores, ni cuándo se puede producir la primera reunión.
De momento, ayer por la tarde, muchos de estos minoristas desconocían lo que se había anunciado por la mañana en el Ayuntamiento. Unos preferían no avanzar nada hasta hablar con el abogado, mientras otros vaticinaban que no iba a haber ningún acuerdo para abandonar su actual puesto de trabajo.
«Los acuerdos se alcanzan, no se anuncian», dijo ayer la edil Mireia Mollà, quien insistió en lanzar un mensaje de tranquilidad, paciencia y respeto puesto que, en definitiva, se trata de los puestos de trabajo de muchas personas.
El equipo de gobierno subrayaba en varias ocasiones a lo largo de su comparecencia «la nefasta y negligente gestión del PP, acompañada de la falta de consenso y transparencia de un expediente con numerosas dudas y alguna presunta irregularidad».
Por su parte, la exalcaldesa y edil del PP, Mercedes Alonso, salía a responder que, en definitiva, el dictamen del Consell Jurídic Consultiu supone un «nuevo varapalo para el tripartito de Elche. Es una tozudez y una decisión política de Mireia Mollà y sus socios de gobierno. Prometen que no van a hacer el Mercado y engañan a los ciudadanos de Elche, porque ahora ven que no tienen más remedio, ya que es beneficioso para la ciudad».
Sea como sea, el frente judicial que se pueda abrir por el desalojo no es el único. De hecho, el Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por una decena de vendedores de dentro y del entorno del Mercado Central, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimara el primer recurso contra el Plan de Reforma Interior (PRI), aprobado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente el 11 de junio de 2013. De hecho, placeros y comerciantes no podían contener ayer la euforia. De momento, su recurso ha pasado el filtro del Alto Tribunal y son conscientes de que eso no es poco.
El colectivo, en cualquier caso, siempre han mantenido, y así lo sigue haciendo en el recurso, que el PRI poco menos que es «arbitrario» e «irracional», al carecer de la debida motivación. A ello, añaden la «desviación de poder e infracción de las normas que garantizan tanto la información de los ciudadanos afectados por los procesos urbanísticos como la participación ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas», según se recoge en el propio recurso.
Los demandantes, paralelamente, ponen el foco en que en la memoria del PRI faltan los preceptivos estudios que la ley establece, como los de viabilidad económica, los de tráfico, o los de necesidades de aparcamiento, y subrayan la ausencia de informes de Patrimonio. Finalmente, destacan que, al final, la obra supondrá la privatización del subsuelo, en alusión a las plantas de parking que se quedaría la empresa en propiedad vencida la concesión.
