La nueva cúpula de la Institución Ferial Alicantina (IFA) celebró ayer el primer comité de dirección de esta nueva era, y lo hizo, además, con la gestión de la anterior etapa en el punto de mira. Desde su llegada al Palau de la Generalitat, el Ejecutivo de Puig y Oltra dio buenas muestras de que no confiaba para nada en el anterior equipo directivo, hasta el punto de que fueron varios los desplantes que dieron desde la Conselleria de Rafa Climent al anterior núcleo duro de la institución alicantina y, en particular, al ya exdirector general, Antonio Galvañ. Sin embargo, el relevo en la dirección hace ahora un mes, con José Luis Gisbert como presidente; Antonio Martínez como vicepresidente; y Esther Guilabert como secretaria general, ha precipitado los acontecimientos. Ha habido gastos de la anterior etapa para los que no encuentran justificación alguna, y también se han encontrado con contratos y convenios que no acaban de ver claros. Ante ello, el comité, por unanimidad, acordó ayer por la tarde encargar una auditoría externa de gestión, con el fin de analizar en profundidad la situación y, llegado el caso, determinar si ha habido algún tipo de irregularidad en los últimos años.

El objetivo es que esta auditoría se ponga en marcha con carácter inminente, aunque aún está por decidir a qué empresa externa se le acabará haciendo el encargo. Por el momento, la intención es que se comience con el análisis de gastos, contratos y convenios del año 2015 y, a partir de ahí, en función de lo que pueda salir, si sale algo, continuar con las anualidades precedentes.

Una primera revisión, coincidiendo con la firma del finiquito de Antonio Galvañ, ya sacó a la luz hace un par de semanas que el exdirector general había pagado con la tarjeta de la entidad más de 80.000 euros. Para 57.000 euros, la dirección no había encontrado comprobante alguno que avalara esos abonos. A ello, se sumaban 6.400 euros más de gastos que se pagaron con cargo a la caja, también sin justificar, y 1.670 euros en reintegros. No obstante, si hay algo que indignó especialmente a la actual cúpula, y, en particular, al nuevo tridente directivo, eso fue el pago de una treintena de multas, entre octubre de 2013 y mayo de este mismo año, por un importe total que pasaba los 1.300 euros. Todo eso, unido a contratos y convenios que, hoy por hoy, les han generado alguna que otra sospecha, sea desde el punto de vista económico, sea desde el punto de vista estratégico, ha hecho que se haya acabando moviendo ficha con la auditoría.

Sea como sea, no va a ser ésta la única «inspección» que se haga de la etapa anterior. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ya acordó el pasado mes de marzo encargar a la Intervención General de la Generalitat un informe específico sobre IFA, en la línea del que se realizó con Feria Valencia en la legislatura pasada del PP y que elevó los costes de la ampliación del recinto valenciano por encima de los 1.000 millones de euros, y acabó destapando desfases presupuestarios e irregularidades en la contratación de las obras. Ahora, ese anuncio se acaba de formalizar con el acuerdo adoptado por el brazo financiero del Consell en un consejo celebrado a finales de la pasada semana. De hecho, así se puso encima de la mesa en el comité de dirección de IFA.

Así las cosas, la auditoría impulsada por la nueva dirección de IFA se centraría en la gestión, mientras que la Intervención estaría más focalizada en las obras de ampliación y en el destino de los créditos concedidos directamente por el órgano que dirige Manuel Illueca, y, de forma especial, en el de los 39 millones de «agujero» que les ha dejado la institución ferial, según denunció el propio Illueca hace ahora tres meses.