Una de las denuncias contra las obras del hotel de Arenales, precisamente la presentada por una persona particular, nace de un viejo conocido del PSOE, especialmente en la etapa de Diego Maciá, para el que acabó convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza. Y es que el firmante particular de las denuncias es precisamente un funcionario de la casa, Marcos Sánchez Adsuar, al que el propio Maciá abrió algún que otro expediente y al que trató de suspender de empleo y sueldo durante 18 meses, aunque los tribunales acabaron anulando la sanción.

Sánchez Adsuar acabó siendo conocido sobre todo por sus denuncias de irregularidades urbanísticas en los sectores AR-1 de Arenales y E-5, frente a San Antón, cuando estaba en el departamento de Urbanismo. Su nombre volvió a salir a la palestra hace apenas unos meses, cuando el Ayuntamiento de Elche, esta vez con el socialista Carlos González en la Alcaldía, le abrió otro expediente después de que l'Alfàs pusiera en conocimiento del equipo de gobierno ilicitano que Sánchez Adsuar -en estos momentos técnico en la Concejalía de Sanidad- había llevado a cabo trabajos como letrado en distintos momentos de su jornada laboral en la localidad de La Marina, cuando debía estar en su puesto de trabajo en Elche. Casualidad o no, la apertura del expediente coincide prácticamente con la presentación de esa denuncia ante Costas y el Ayuntamiento alegando que la empresa se está excediendo de las autorizaciones en la ejecución De hecho, fue a principios de abril cuando por ventanilla única empezó a distribuir ese escrito por las diferentes administraciones y a distintos destinatarios.

Es en sus denuncias, acompañadas de un informe fotográfico, donde pone en tela de juicio la ocultación de las obras con la lona, los trabajos de excavación o las demoliciones. Argumenta, además, que, como propietario de un apartamento en Arenales, durante Semana Santa ha podido ir comprobando todos y cada uno de los extremos que denuncia, según indica en los escritos.

Sea como sea, ayer mismo admitía que «lo único que pretendo es que se compruebe si la ejecución se ajusta a la legalidad, porque una cosa es rehabilitar un edificio y otra demoler algunas partes o incluso toda una planta». En este sentido, subrayó que «el Ayuntamiento debe comprobar si el proyecto se ajusta a las licencias que le ha dado y Costas deberá verificar si el proyecto se ajusta a la concesión».

El funcionario adscrito hoy en día a Sanidad ponía el acento en que «la ley debe ser igual para todos, y el Ayuntamiento sabrá lo que ha autorizado, pero debe comprobar si se cumple todo, o, de lo contrario, ¿para qué quiere a técnicos, arquitectos, coordinadores de urbanismo y jefes de sección?». Marcos Sánchez Adsuar no quería entrar en si esto simplemente es una represalia por el expediente que se le acaba de abrir, pero sí dejaba caer que «sería muy grave que se hiciera la vista gorda en casos como éstos, cuando hay gente en Elche a la que no se deja ni respirar, y que sufre un acoso diario». Su conclusión era contundente: «Estamos en un Estado de Derecho y la ley debe ser igual para todos».