El hotel de Arenales se ha pasado casi cuarenta años con la persiana bajada, y, de por medio, se ha encontrado mil y un escollos, y algún que otro fallo de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, primero reconociendo a Princesol su derecho a la concesión administrativa y, posteriormente, decretando la ejecución de la sentencia. Sin embargo, en diciembre del año pasado todo parecía que empezaba a cambiar. Arrancaban las obras para que lo que en los últimos años no era más que una mole de piedra cubierta por una malla protectora y puntales por el deficiente estado de la estructura empezara a recuperar la esencia del hotel que fue en la década de los sesenta, aunque modernizado. Ahora, los planes vuelven a torcerse. Costas acaba de abrir un expediente sancionador y ha paralizado las obras sine die. Argumenta el Gobierno central, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, que, durante los trabajos, se ha procedido a la demolición de determinadas partes del edificio, pese a que la autorización era única y exclusivamente para la rehabilitación. Mientras tanto, el responsable del equipo técnico, Florentino Regalado, ponía el acento ayer por la tarde en que en todo momento se ha cumplido la legalidad, y que, sea como sea, recurrirán para dar la vuelta a una situación que poco menos que consideraba que no tiene ni pies ni cabeza.

De entrada, el proceso se abrió hace ya unas semanas, tras las denuncias presentadas por una asociación de consumidores y usuarios y un particular contra la ejecución de los trabajos de rehabilitación del inmueble. Fue así como se activó el protocolo, y el Servicio Provincial de Costas comenzó a preparar sus informes. Ha sido, no en vano, esa documentación remitida por los técnicos lo que lleva al Gobierno central a tomar la decisión que ha acabado tomando.

De hecho, lo que alegan desde Madrid es que sí, que en 2007, y, en cumplimiento de esa sentencia de la Audiencia Nacional de 2006, se otorgaba la concesión a Princesol de esa parcela de más de 6.600 metros cuadrados sobre los que se sitúa el hotel, en primera línea de playa, y, por tanto, en una zona considerada de dominio público marítimo-terrestre. Incluso otro auto de la Audiencia Nacional reiteró en 2012 la obligación de dar la autorización a la empresa, y eso también lo admite Costas. Ahora bien, deja claro que una cosa es dar la autorización cumpliendo lo que dicen los tribunales, y otra muy distinta es que esa autorización no se ajuste a la ley. Defienden, pues, que el visto bueno era para una rehabilitación, y no para la demolición de determinadas partes del edificio, extremo éste que, a tenor de la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el Gobierno considera probado por todos los expedientes que se le han remitido. En definitiva, cree que la empresa ha ido más allá del proyecto básico presentado. Proyecto éste, por otro lado, que fue autorizado vía orden ministerial en 2012, pero que no recibió la autorización final hasta julio de 2015, por todo el rosario de modificaciones que se fueron sucediendo en esos tres años. En cualquier caso, y, con ese punto de partida, Costas determina la paralización de las obras, con el fin de verificar si se ha cometido alguna infracción, y se abre un expediente sancionador para aclarar lo sucedido.

Ante este escenario, el responsable del equipo técnico, Florentino Regalado, admitía que no tienen otra que cumplir la ley, y parar las obras. Tanto es así que ayer por la tarde se seguía trabajando, pero con el objetivo de asegurar las estructuras para garantizar la seguridad durante el tiempo que pueda durar el bloqueo.

No obstante, Regalado incidía en que recurrirán. «Todo lo que hemos hecho es legal, ajustado a Derecho y cumpliendo las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que nos dan la razón, y la concesión por 30 años, prorrogables por otros 30, y siempre ciñéndonos al reglamento de rehabilitación de la Comunidad Valenciana», afirmaba. Y lo afirmaba no sin esconder sus reproches a los artífices de las denuncias. «Con estas cosas, nos están haciendo mucho daño a nosotros, como técnicos, a los propietarios, y a todo el pueblo de Elche», sentenciaba. Aludía, en esta línea, a los puestos de trabajo que, con esta decisión, a su juicio, se quedan en el aire. «El hotel va a crear 40 puestos de trabajo directos, y otros muchos indirectos, y, además, 60 personas que estaban trabajando en la obra se tendrán que ir ahora al paro», sentenciaba Florentino Regalado.

En principio, la hoja de ruta marcaba que el hotel, de cuatro estrellas y un centenar de habitaciones, podría volver a abrir sus puertas el próximo verano. Habrá que ver ahora qué pasa, y si ese plan inicial se mantiene, o, una vez más, como ya ha venido sucediendo en los últimos años, toca otro compás de espera.