La gestión realizada durante los últimos años en la Institución Ferial Alicantina está en entredicho desde que prácticamente el nuevo gobierno autonómico tomó posesión, y más después de que la nueva cúpula del entidad haya detectado cargos sin justificar por valor de 57.333 euros en la Visa del exdirector general Antonio Galvañ.
Por este motivo, la feria va a encargar una auditoría interna de gestión mucho más exhaustiva que los análisis preliminares que ha venido haciendo hasta ahora la directiva a raíz de la firma del finiquito de Galvañ. El objetivo, según indicaron fuentes próximas a la dirección de IFA, es analizar al detalle la economía de la institución, los contratos con otras empresas, los encargos de obras, y, en definitiva, todos los gastos realizados durante la anterior etapa.
Desde el principio la nueva directiva ya dejó claro que había que analizar pormenorizadamente toda la situación. Ahora los movimientos sin justificar encontrados en la tarjeta del exdirector general, que se revisó de cara a detectar posibles deudas pendientes antes de que se procediese a la firma del finiquito, por unos 31.000 euros, ha llevado a muchos a pensar que esto sólo es la punta del iceberg. En cualquier caso, todo el mundo se muestra prudente de momento hasta que se vaya avanzando en esa auditoría.
Sea como sea, y fruto de esa primera revisión, la nueva cúpula se ha encontrado con la sorpresa de que no hay rastro, según parece, del contrato físico del exdirector general. Un hecho que siembra dudas, aunque no señala, necesariamente, a una ilegalidad, ya que es posible que el contrato se realizase en su momento de forma verbal, tal y como apuntan desde el entorno de la entidad.
De lo que tampoco hay constancia en IFA es de cómo o quién decidió el sueldo que debía percibir Antonio Galvañ por su trabajo al frente de la gestión del complejo. Una decisión que se supone que tomaría su superior, es decir, los presidentes que han estado a frente de la entidad durante el tiempo que Galvañ ha sido directivo, entre los que se encuentran Modesto Crespo, Moisés Jiménez y Manuel Román. Todo eso hace que las dudas sobre su gestión cada día sean mayores.
Lo que sí que parece estar claro, es que, por su trabajo en la institución ferial durante diez años, Galvañ habría percibido unos 880.000 euros brutos. Un sueldo que fue fluctuando de un año a otro. Así, empezaría cobrando en 2005 cerca de 59.000 euros brutos, y acabó recibiendo, en 2015, una cantidad anual cercana a los 70.000 euros. Sin embargo, los años 2010 y 2011 su retribución anual podría haber superado los 100.000 euros brutos.
Una salario que pagaba la Institución Ferial Alicantina, además del vehículo que, según ha podido saber este diario, se costeaba con cargo a la entidad y que tendrá que seguir pagando durante dos años más, a razón de 621 euros mensuales.
El contrato de este vehículo, que no figura en ningún sitio como retribución en especie, se firmó en marzo de 2013 con una duración de cinco años y 75.000 kilómetros contratados, pese a la salida del ya exdirector.
En definitiva, toda una serie de actuaciones por parte del anterior mandatario del recinto que no están gustando nada en la Conselleria de Economía que dirige Rafael Climent, donde esperan recibir toda la documentación para adoptar, llegado el momento, las medidas oportunas, que pasarían por dejar el asunto en manos de la Fiscalía, con el fin de depurar responsabilidades en torno a la gestión realizada en IFA.
El director general de Comercio, Natxo Costa, aseguró ayer a este diario que «estamos a la espera de recibir los informes, y una vez que los tengamos delante estudiaremos las medidas a adoptar». Y es que desde la Conselleria se manifestaba ayer que este tipo de acciones son consecuencia de la «alegría» con la que se dilapidaba el dinero público en otras épocas. Costa afirmó que «la Conselleria estará vigilante, y, si se detectan irregularidades se llevarán a la Fiscalía».
Sanciones
Uno de los temas que menos ha gustado en Valencia es del abono de treintena de multas, por 1.300 euros en tres años, que se pagaron con cargo a la tarjeta de IFA. Y es que pese a que desde algunos sectores empresariales justificaban ayer el pago de las sanciones, se trata de un asunto que ha sembrado mucho malestar en la Generalitat, donde los chóferes que trabajan para la Administración pagan sus multas de tráfico según sostenían.
