Las contratas más importantes que mantienen ligado al Ayuntamiento de Elche con mercantiles se extienden incluso a más allá del año 2040. Dicho de otro modo, no sólo el tripartito, sino los equipos de gobierno futuros estarán obligados en potencia, salvo que se decida rescindir los contratos, cosa que suele ser bastante complicada en estos casos, a mantener en los próximos seis mandatos lo que se acordó prorrogar con el Ejecutivo del PP.
La contrata más cuantiosa es la que tiene que ver con el aseo urbano, que asciende a 25,4 millones y que tiene dos vertientes. Por un lado, la limpieza de la vía pública, que en conjunto supondrá un desembolso este año de 15.440.000 euros para el Ayuntamiento. Por otro, la recogida de los residuos sólidos urbanos e industriales, labor por la que el municipio ilicitano pagará este año otros 6.685.000 euros.
La empresa Urbaser (Grupo ACS) es la encargada de esta tarea, una contrata que ha tenido durante estos años sus picos de polémica y que también asume la eliminación de esos residuos sólidos industriales, una faena que le fue adjudicada y por la que en 2016 cobrará 2.700.000 euros. Entre este y otros conceptos menores, como la compra de contenedores y recambios, la factura municipal de la limpieza sube a 25.425.500 euros sólo para este año.
, de manera que ésta finalizaría en 2019. El Gobierno socialista contrató a Urbaser en agosto de 2000, con un plazo de ejecución de 16 años. Desde entonces han sido numerosas las críticas por el servicio. Precisamente, Ciudadanos Elche solicitó ayer al tripartito la revisión del contrato de basuras, tras conocer que hubo conversaciones entre la exalcaldesa Mercedes Alonso y el empresario Enrique Ortiz.
Según Ciudadanos, se debe estudiar ese contrato para «aclarar cualquier duda que exista sobre el mismo y si hubo alguna presunta ilegalidad en su renovación».
Fuentes de esta formación política han reclamado por vía ordinaria el contrato de basuras de Elche para revisarlo de forma autónoma, «ante las sospechas públicas suscitadas sobre este tema». Podemos también ha pedido hacer pública la contrata.
Otro de los desembolsos más importantes que cada año debe efectuar el Consistorio ilicitano es el que tiene que ver con el transporte urbano. La concesión del servicio de autobuses representa este año 8,3 millones, a los que hay que sumar otros 784.000 euros del llamado transporte a las pedanías.
La concesionaria del servicio de autobuses urbanos es Auesa (Grupo Costa Azul) y en septiembre de 2013 también el Gobierno del PP, y también en junta de gobierno, decidió prorrogar la concesión, de manera que el servicio, en vigor hasta 2019, quedó ampliado hasta el 31 de diciembre de 2026.
En cualquier caso, la vinculación más importante que mantiene el Ayuntamiento con una empresa es a través de Aigües d'Elx, la empresa mixta formada en un 51% por el Ayuntamiento y en un 49% por Hidraqua, S.A. Esta entidad gestionará el agua de la ciudad hasta el año 2042 -inicialmente era hasta 2025- tras aprobarse una prórroga en abril de 2014, también bajó gobierno del PP y también tras decidirse todo ello a través de la junta de gobierno.
Los populares aseguraron entonces que esta renovación estaba avalada por un informe emitido por el Consejo Jurídico Consultivo, que estima que es plenamente conforme a la legislación en materia de contratación pública.
En cualquier caso, esta prórroga ha dado pie a que la empresa mixta pueda acometer a lo largo de estos año una inversión de aproximadamente 11,2 millones de euros para hacer, entre otras infraestructuras, el esperado alcantarillado de la pedanía de Peña de las Águilas.
