Evitar los cortes repentinos de luz o asegurar su inmediato restablecimiento a las familias en situación de vulnerabilidad es el objetivo que ha trazado el equipo de gobierno dentro de su interés por cambiar los protocolos de ayudas de emergencia.
Bienestar Social trabaja en fortalecer el plan para atajar y prevenir la pobreza energética en Elche y para ganar tiempo antes de que los ilicitanos se vean abocados a una suspensión del suministro por el impago de las facturas. Con ello, el Ayuntamiento e Iberdrola firmarán un acuerdo de colaboración para proteger a los vecinos con escasos recursos económicos y concederles un plazo de tres meses para hacer frente a los recibos de luz y de gas. «En este tiempo, desde Servicios Sociales nos encargaremos de gestionar y tramitar las ayudas de emergencia a las familias, para que ellas mismas se ocupen de abonar las facturas. Con ello Iberdrola podrá restablecer el servicio cuando reciba la comunicación de la concesión del pago de las ayudas», explicó Tere Maciá, concejal de Bienestar Social.
En esta línea, aunque inicialmente el convenio será con Iberdrola, el Ayuntamiento pretende que se adhieran más compañías y así poder llegar a más clientes. Eso sí, aquellos que realicen conexiones fraudulentas serán excluidos de este plan de protección de los consumidores.
«Queremos ser solidarios con las familias y dejar que ellas tengan la responsabilidad de pagar los recibos de luz, una vez que reciban las ayudas municipales», señaló la edil de Bienestar Social. En concreto, desde este departamento se encargarán de realizar una valoración técnica de la situación en la que se encuentra la familia para ser beneficiaria de a prestación económica.
Así las cosas, el Ayuntamiento de Elche tiene contabilizadas a 3.000 familias sin recursos económicos, que no pueden hacer frente a estos pagos. Los pensionistas, los núcleos familiares con todos los miembros en paro o las familias numerosas son los colectivos que podrán solicitar las ayudas en los centros sociales.
El Consistorio calcula que la inversión para las ayudas de emergencia social, que engloba luz y agua, acarreará un coste de 390.000 euros al mes a las arcas municipales. No obstante, según Maciá, la Generalitat Valenciana sufragará parte de esas prestaciones en función de las necesidades, ya que es una competencia autonómica.
