La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció ayer que la solución para el Registro Civil de Elche -colapsado hasta el extremo- será la creación de un juzgado de primera instancia bis que permita contar con un nuevo juez y un nuevo secretario que se dediquen en exclusiva a los trámites de los ciudadanos relativos a la inscripción de nacimientos, defunciones y matrimonios, expedición de libros de familia, celebración de enlaces civiles, correcciones de errores, expedientes de nacionalidad... y demás servicios de los que se prestan actualmente con inmenso retraso. La consellera aseguró ayer en una visita a la Ciudad de la Justicia que la opción que se ha planteado de habilitar un juzgado bis es más factible que la de crear un juzgado único, puesto que de este modo no sería necesario modificar la Ley de Demarcación y de Planta Judicial. Por ello, el Juzgado de Primera Instancia 3 de Elche (que actualmente se encarga del Registro Civil) seguiría siendo mixto, aunque se determinaría que un juez y un secretario atendieran los asuntos del Registro y los otros los asuntos civiles.
Ese anuncio, que según la consellera será una realidad en cuestión de meses, viene acompañado de lo que vino a llamar un «plan de choque» de refuerzo de personal que en realidad no lo es tanto. Y es que anunció que se ha reforzado el número de funcionarios con tres personas más, cuando realmente dos de ellas llevan ya trabajando en el Registro Civil un año y medio, en tres contratos sucesivos de seis meses que ahora, a efectos prácticos, no han hecho más que volverse a autorizar. En todo caso, la consellera consideró que sin el refuerzo del juez y el secretario, el aumento de plantilla en el Registro Civil no haría más que trasladar el embudo y el retraso a otro despacho o a otra mesa, sin llegar a suponer una solución real a problemas que conoció de primera mano, porque una mujer le trasladó su queja en persona.
Una más de las quejas que se dan a diario por situaciones de las que este diario ha dado cuenta de forma reiterada, desde que los libros de cita están cerrados durante un año porque están completos, que hacen falta meses para conseguir una cita de atención general mediante la plataforma de internet, que se han estado registrando nacimientos fuera de plazo, que las peticiones de certificados vía telemática estuvieron sin siquiera contestarse y que ahora tardan tres meses en solventarse... Un rosario de dificultades que llevan desbocados a los funcionarios y que tienen a los ciudadanos descontentos, puesto que el servicio no se presta con la celeridad que debiera y que está muy por encima de los plazos con los que se trabaja en otros partidos judiciales donde hay más personal.
Admitir
Las colas son la norma ante el mostrador y los enfrentamientos han llegado a hacer necesario intervenir a la Guardia Civil, además de que se ha llegado a detectar un mercado de reventa de citas. Por ello la consellera y el alcalde de Elche, Carlos González, no pudieron hacer más que admitir -como reclamaba este último en campaña- que la solución debe ser contundente. Gabriela Bravo anuncio este «plan de refuerzo, para este y otros registros civiles de la Comunidad Valenciana», matizando también que los problemas informáticos se deben a la antigüedad de los equipos, algo que debe solventar el Ministerio de Justicia y que ya se ha solicitado.
A este respecto, reconoció que «los jueces nos han trasladado que el sistema está muy anticuado, que se cae constantemente, y queremos implantar la citación previa telemática, pero para ello necesitamos que el Ministerio dote a los registros civiles de equipos informáticos modernos».
Aún así, no son los ordenadores la única dificultad material. Un cartel en la puerta avisa: «Señores ciudadanos, les informamos de que tenemos averiados dos ordenadores, dos impresoras, dos matriciales; Que está avisado el servicio de informática de la administración de Justicia pero no soluciona el problema; Intentamos darles el mejor servicio que podemos a pesar de que los medios informáticos no nos lo permiten; Disculpen las molestias».
Recuperar
Cuestionada ayer por los medios de comunicación sobre si el nuevo juzgado de primera instancia vendría a ocupar el lugar del número 7, que fue creado y nunca dotado por la administración autonómica, la consellera dijo que reclamará la puesta en marcha de los 15 juzgados a los que la Generalitat renunció hace años, aunque es«complicado» ponerlos todos en marcha dada la «delicada situación financiera» de la administración autonómica.
Visitó también la Fiscalía de área de Elche, y fue acompañada en su recorrido a la Ciudad de la Justicia por los decanos de jueces, abogados y procuradores, María José Boix, Vicente Pascual y Ginés Juan respectivamente, el secretario del Decanato, Eduardo Ruiz, el director del Instituto de Medicina Legal de Alicante, Juan José Payo, representantes de miembros de la corporación local, de los funcionarios y la administración de Justicia.
