La Policía Local está poniendo en marcha un sistema para multar a distancia mediante fotografías que los conductores de la grúa sacan a los vehículos mal estacionados y que envían a la Jefatura para que un agente les de la orden de trasladarlos al depósito municipal. La nueva normativa establece que mientras que los «operadores» de las grúas no sean requeridos para servicios concretos, «realizarán un circuito de manera permanente» por la ciudad revisando zonas de carga y descarga, paradas de autobús y taxi y carriles de servicios públicos de transporte.
Si localizan «una situación de posible denuncia» y «un posible arrastre», dado que no tienen facultades para multar tienen que dirigirse a Jefatura «mediante el equipo de radio de la Central de Mando Policial solicitando instrucciones». Una vez les den la orden, enviarán «telemáticamente» las fotos al agente encargado de denuncias. Las imágenes, dice la orden, deberán mostrar la situación en conjunto, incluyendo la señalización vertical y horizontal, el lugar donde esté el vehículo y otra información gráfica relevante, la matrícula o la marca y modelo. Será entonces cuando el «encargado del servicio de denuncias telemático» ordene el traslado del vehículo al depósito.
Para poner en marcha este sistema, el Ayuntamiento aprobó en su pleno de julio una modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación de Elche, incorporando un artículo al procedimiento sancionador que señala que «los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán formular denuncias utilizando para ello medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo».
Afán recaudatorio
Dos sindicatos policiales han registrado ya por escrito su oposición a esta medida dudando de su legalidad y considerando que tras ella hay un afán recaudatorio.
Por un lado, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) plantea que la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación se ha llevado a cabo «con el único objetivo de recaudar más dinero y por la vía más expeditiva posible». Además, el sindicato sostiene que «este afán recaudatorio del Ayuntamiento de Elche le ha hecho caer en la ignorancia de las reiteradas sentencias» que en otros puntos de España se han pronunciado declarando «contrario a derecho» el sistema de «multas en diferido» (citan en su escrito registrado a distintos órganos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía).
«Los gruístas carecen de la formación en Tráfico adecuada y necesaria para la responsabilidad que tanto el Ayuntamiento como la Jefatura de Policía les han otorgado», expone el sindicato, por lo que solicita que «a la mayor urgencia y con el fin de preservar la seguridad jurídica de los ciudadanos de Elche» se paralice la orden de Jefatura y se anule la modificación de la ordenanza, «a la vez que advertimos (a la alcaldesa, Mercedes Alonso, a quien va dirigido el escrito) que este sistema ha conllevado en otros ayuntamientos graves incidentes entre conductores y operarios de la grúa, que en la ciudad de Málaga dio lugar a más de una veintena de agresiones contra dichos gruístas, así como a poner absurdamente al consistorio en la tesitura de verse abocado a la devolución del dinero recaudado a causa de una avalancha de varapalos judiciales».
Competencias
Por otro lado, el Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEPCV) sostiene que la medida es «totalmente inadecuada» y recuerda que por ley «en el casco urbano de una ciudad, la ordenación, regulación, inspección y el control del tráfico son competencia exclusiva de la Policía Local y de los agentes de Movilidad, por tanto los conductores de la grúa municipal, sin menospreciar su trabajo, serán considerados como cualquier otro ciudadano en materia de trafico, careciendo de autoridad». El sindicato critica que una agente destinada a esta tarea pueda denunciar y autorizar el arrastre de vehículo desde su oficina de Jefatura «sin desplazarse en ningún momento al lugar, no comprobando en persona los hechos, ni pudiendo por tanto atender al propietario o propietaria del vehículo mal estacionado, en caso de que aparezca y quiera ofrecer una explicación o hacerse cargo del mismo, dándose por tanto un pésimo servicio al ciudadano». Así, añade el sindicato, los gruístas no tienen por qué patrullar buscando vehículos mal estacionados.
SEPCV se ha dirigido a Pimesa, empresa municipal que gestiona la grúa, para que «dé orden de anular de forma inmediata esta práctica, ya que los conductores no son policías y no tienen ningún tipo de autoridad en materia de tráfico», añadiendo que «a este sindicato no se le ocurre otro motivo para estos hechos que el mero afán recaudatorio, hecho muy grave de ser así debido a la delicada situación económica que actualmente atraviesan los ciudadanos de Elche». Por ello, piden también al intendente general jefe de la Policía Local «que vele por que estas actividades inadecuadas no se realicen y tome las medidas necesarias para que dejen de producirse», asegurando a renglón seguido que el sindicato no dudará en denunciar y adoptar «las medidas legales que fueran necesarias» para garantizar un servicio correcto y eficiente al ciudadano. El escrito de SEPCV también se ha enviado a los concejales de Seguridad, Sebastián Polo, y Recursos Humanos, Antonio Luis Martínez-Pujalte, y al encargado del servicio de grúa municipal de Elche.
