El Banco Sabadell no quiere esperar hasta 2021 -el plazo máximo que le cubre el esquema de protección de activos (EPA)- para desprenderse definitivamente de todo el ladrillo problemático que heredó de la CAM. La entidad quiere aprovechar el buen momento que vive el sector inmobiliario en España y el interés de los fondos de inversión por seguir invirtiendo en el país para colocar de golpe toda esta cartera -probablemente dividida en tres paquetes-, y cerrar definitivamente este capítulo, además de sanear por completo su balance.
Serían en total alrededor de 12.000 millones en créditos a promotores, solares, terrenos y viviendas ya que, de los 24.600 millones que cubría inicialmente el EPA que se le concedió para ayudarle a digerir los fallidos de la CAM, la entidad ya ha logrado desprenderse de aproximadamente un 51% durante los últimos años.
En cualquier caso, las fuentes consultadas aseguran que la decisión final todavía no estaría definitivamente tomada y que dependerá de las condiciones del mercado y, sobre todo, del precio que se pueda conseguir. Entre otras cosas, porque no hay que olvidar que el Fondo de Garantía de Depósitos debe autorizar todas estas operaciones ya que es quien corre con el 80% de las pérdidas que pueda ocasionar la venta de estos activos (el otro 20% es el que sufraga el Sabadell), según las condiciones de adjudicación de la CAM.
De momento, lo que ha hecho la entidad es contratar a tres consultoras -Alantra, KPMG y PwC- para que preparen la operación y sondeen el mercado para testar el interés de los posibles compradores. Sin duda, el momento podría ser el adecuado ya que los grandes fondos internacionales siguen demostrando un importante apetito por los activos inmobiliarios del mercado nacional pero ya no se dan los precios de derribo de hace unos años, lo que elevará la posible rentabilidad de la colocación.
Para el banco esta operación supondría desprenderse de una importante cantidad de activos improductivos que ahora le cuestan dinero de gestionar pero no le aportan ningún beneficio, lo que también reforzaría su posición de cara a los mercados, que están exigiendo a las entidades españolas un mayor saneamiento de sus balances.
El esquema de protección de activos fue una de las condiciones que exigió el Sabadell para quedarse con el negocio financiero de la extinta Caja Mediterráneo, tras la intervención de la entidad. Inicialmente cubría las pérdidas ocasionadas por una cartera de activos valorada en 24.600 millones. Su vigencia era desde julio de 2011 hasta el mismo mes de 2021.
