Las reglas de austeridad que el Ministerio de Hacienda ha impuesto a las administraciones locales para controlar el déficit han resultado un negocio ruinoso para las entidades financieras. En un momento en que la banca está inundada de liquidez y lo que necesita es conceder nuevos créditos para generar ingresos, las duras exigencias de Cristóbal Montoro han llevado a que los ayuntamientos hagan justo lo contrario y recorten cada vez más su endeudamiento, al tiempo que empiezan a acumular en sus cuentas corrientes y depósitos cantidades más que notables que no pueden gastar y que a las entidades tampoco les interesa retener.
En concreto, según los datos oficiales del Banco de España, el saldo vivo de los créditos que las administraciones mantienen con las sucursales de la provincia ha caído desde los 960 millones de euros que se contabilizaban en diciembre de 2012 a poco más de 490 millones en el mismo mes de 2016. Es decir, prácticamente la mitad. Lo que en principio es una excelente noticia para los consistorios -y también para los contribuyentes-, supone un varapalo para el sector financiero, que ve reducido su negocio y, además, en un segmento en el que tiene garantizado el cobro, aunque sea con retraso.
Por si fuera poco, la caída de la demanda de financiación del sector público coincide con un momento en que los clientes privados tampoco acaban de decidirse a solicitar más préstamos, lo que ha puesto en apuros a las entidades.
Al mismo tiempo que se recorta la deuda financiera, la prohibición de destinar a nuevas inversiones el superávit que están consiguiendo la mayoría de ayuntamientos -sólo se puede cancelar deuda o acometer lo que se denominan «obras financieramente sostenibles», es decir, cuyo mantenimiento no suponga una carga excesiva en el futuro- ha provocado que los consistorios acumulen cada vez más efectivo en el banco. Si los ayuntamientos de la provincia finalizaron 2012 con unos 566 millones en sus cuentas (aunque hay que tener en cuenta que la cantidad fluctúa a lo largo del año en función de los cobros y los pagos que realizan) en la misma fecha de 2016 ya eran 1.047 millones. Casi el doble.
En otra época hubiera supuesto todo un chollo para el sector financiero, ya que normalmente las entidades necesitan captar recursos para poder prestar dinero, pero en estos momentos a los bancos les sobran los depósitos. De hecho, incluso les cuestan dinero ya que deben pagar un 0,40% por el exceso de liquidez -el dinero que no pueden prestar- que tienen que guardar en el Banco Central Europeo.
Descontento de los municipios
La situación tampoco beneficia a los consistorios, que ahora mismo tienen inmovilizados unos recursos que ni siquiera les ofrecen una rentabilidad más o menos decente ya que el tipo medio ronda entre el 0,05% y el 0,15%. «Es un despropósito. Hay ayuntamientos que ya han cancelado la deuda del plan de pago a proveedores y acumulan millones en el banco que no les permiten gastar», se lamenta el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincia y alcalde de Elda, Rubén Alfaro. El organismo que preside abanderó a finales del año pasado una campaña para exigir a Montoro una flexibilización de las reglas, que permita a los consistorios atender las necesidades sociales de sus vecinos con los fondos que ahora no les dejan utilizar.
«Las condiciones que te exige Hacienda para hacer una obra financieramente sostenible son tan complejas que es muy difícil sacar adelante los proyectos», señala Alfaro, quien apunta que incluso una institución tan saneada financieramente como la Diputación de Alicante tiene problemas para gastar todo el presupuesto por este motivo.
La situación ha llamado incluso la atención de la denominada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que la ve como una muestra de ineficiencia del sistema ya que considera que este dinero podría destinarse a compensar el déficit de otras administraciones.
