La deuda de los ayuntamientos alicantinos deuda ayuntamientos alicantinos continúa cayendo en picado. Tanto, que los últimos datos difundidos por el Banco de España constatan ya que el volumen total de endeudamiento de las administraciones públicas de la provincia se sitúa a niveles de 2004. Por aquel entonces, con la crisis económicacrisis económica a varios años vista, las entidades locales y la Diputación no dudaron en llamar a la puerta de bancos y cajas para impulsar proyectos. El crédito fluía sin problemas, el Gobierno central no ponía apenas reparos a que los consistorios incrementaran sus pasivos y éstos, lejos de aprovechar la época de bonanza para sanear sus cuentas, aumentaron de manera generalizada su deuda, tal y como se constata en las series históricas del Banco de España.
El repunte del endeudamiento fue una constante desde el año 2000. Y se disparó sobre todo en los primeros años de la crisis. Así, el crédito concedido a las administraciones públicas alicantinas, principalmente ayuntamientos y Diputación, alcanzó los 1.020 millones de euros al cierre de 2008. Pero, ¿qué pasó entonces? Que la recaudación municipal comenzó a caer de manera estrepitosa, casi al mismo ritmo que la burbuja inmobiliaria se desinflaba. Las corporaciones locales tuvieron que endeudarse entonces a un ritmo mucho mayor para poder afrontar sus gastos. Tanto, que en septiembre de 2010 se alcanzó el récord histórico de carga financiera, con 1.507 millones.
Ese fue el cénit. Desde entonces la cifra ha ido cayendo de manera progresiva. Buena parte de «culpa» la ha tenido el Gobierno central. Cuando el PP accedió a La Moncloa en 2011 quiso atar en corto a las administraciones públicas y limitó sobremanera su acceso al crédito. Objetivo: forzar a las entidades locales y a los gobiernos autonómicos a implantar medidas de austeridad.
Una vez restringido el acceso al crédito, la deuda global fue disminuyendo. Y hoy en día se mantiene esa tendencia. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, los consistorios de la provincia y la Diputación despidieron el tercer trimestre de 2015 con una carga financiera de 777,06 millones de euros. La mitad que hace cinco años.
Las estadísticas del órgano supervisor revelan además que no se alcanzaba un guarismo tan bajo desde hace más de una década. Concretamente, desde el cierre de 2004, cuando el endeudamiento total en las comarcas alicantinas fue de 728,9 millones.
Si una entidad local de la provincia ha contribuido de manera notable a rebajar el pasivo, ésa ha sido la Diputación. Especialmente, durante el mandato de Luisa Pastor. Cuando la exalcaldesa de San Vicente sucedió a Joaquín Ripoll en la Presidencia, mediado 2011, las cuentas de la institución provincial arrojaban una deuda de 200,72 millones de euros. Y cuando se marchó, en julio de 2015, esa cantidad se quedó prácticamente reducida a cero. Tanto Pastor como su diputado de Hacienda, César Augusto Asencio -hoy responsable de Cultura-, decidieron destinar buena parte de los remanentes que se generaron todos los años a la amortización de créditos. Y cuando expiró el pasado mandato, esa carga fue casi nula. Es más, dejaron dinero reservado en los Presupuestos para que 2015 se finiquitara sin deber un solo céntimo a las entidades financieras.
Alcaldes y concejales de Hacienda consultados por este diario constatan que la reducción global del endeudamiento en la provincia obedece a las restricciones del Gobierno central, aunque insisten en reclamar que levante la mano. Alegan que los ayuntamientos son las administraciones con menor déficit presupuestario y piden que sus remanentes no deban destinarse exclusivamente a rebajar la carga financiera. «Llevamos años solicitando que se nos permita aumentar el dinero para acometer inversiones», señala un primer edil. Esa posibilidad queda reservada hoy por hoy a los que cumplan la estabilidad presupuestaria. Y esas inversiones han de ser sostenibles, tal y como marca la ley estatal.
