Ni Coepa ni Cierval tienen nada claro su futuro a día de hoy. La junta directiva de la patronal autonómica optó ayer aparcar su decisión sobre la quita que le reclaman los empresarios alicantinos para superar el concurso de acreedores hasta tener sobre la mesa un informe jurídico de las consecuencias de este proceso; y, al mismo tiempo, los máximos responsables de la organización decidieron convocar a su comisión de economía para buscar alternativas que eviten su propia entrada en suspensión de pagos, ante los problemas de liquidez que también arrastra.
Sobre todo porque el plan inicialmente previsto para salvar a Cierval -su fusión con la patronal provincial de Valencia, la CEV, la única saneada en toda la Comunidad- quedó ayer descartado al dejar claro los patronos valencianos que no estaban dispuestos a asumir este riesgo. Entre otras cosas, porque los empresarios del Cap i Casal temen las consecuencias del proceso penal abierto contra la patronal castellonense (CEC) por un supuesto fraude en los fondos de formación, y tampoco tienen nada clara la situación de Coepa, tras la denuncia del Servef por las supuestas irregularidades detectadas en las ayudas a su centro de formación.
Pago inminente
Por si todo lo anterior fuera poco, como ayer publicó este diario, Cierval debe hacer frente el próximo diciembre a la devolución de 700.000 euros en ayudas de cursos de formación de Castellón, de los que la patronal autonómica es responsable subsidiaria, y no hay dinero en caja para efectuar el pago. Así las cosas, durante la reunión posterior a la junta que celebraron los presidentes de la organización autonómica y de las tres provinciales quedó claro que la prioridad ahora, por encima de las negociaciones sobre la reforma de sus estatutos, está en clarificar la situación económica de la patronal y decidir si la mejor alternativa es solicitar el concurso para protegerse de posibles responsabilidades.
Durante el encuentro se expusieron diferentes propuestas, como la que formuló Coepa de ceder un mayor porcentaje de los ingresos de la Ley de Participación Institucional a Cierval para mejorar sus ingresos, pero finalmente se optó por convocar una reunión de la Comisión de Economía de la patronal autonómica para que ponga blanco sobre negro su situación contable y busque alternativas, aunque en principio parece que la única que impediría la declaración de concurso sería que prosperaran los recursos interpuestos contra esta devolución de fondos y que el Consell no exigiera el dinero. En cualquier caso, los resultados de la comisión y las opciones que planteen los técnicos se debatirán el próximo día 9 de noviembre, en la misma junta extraordinaria que se convocará para decidir sobre la quita de Coepa.
De esta forma, los empresarios valencianos no han querido despejar previamente el futuro de la patronal alicantina hasta no tener clara su propia situación, prolongando la incertidumbre casi hasta la fecha límite que marca el proceso concursal. No en vano, Cierval se reunirá sólo dos días antes de la celebración de la junta de acreedores que debe aprobar o rechazar oficialmente la propuesta de convenio de Coepa y su plan de viabilidad.
El respaldo de la patronal autonómica es clave para que salga adelante ya que es la titular del 75% de la deuda ordinaria de Coepa y, por tanto, sin sus votos no se puede aprobar la quita del 95% que propone la organización presidida por Francisco Gómez. El resto de los acreedores son los trabajadores y el Fogasa, al que se pagaría en un plazo de ocho años, y el Instituto Valenciano de Finanzas, titular de la hipoteca del centro de oficios al que se pagaría con la venta de este edificio o con la ejecución del préstamo. El IVF ha recurrido en el juzgado este plan.
Votación retrasada
El equipo de Gómez confiaba en salir de la reunión de ayer con el respaldo de Cierval bajo el brazo pero desde el primer momento quedó claro que no iba a ser así. Para empezar, porque José Vicente González había incluido en el orden del día únicamente la presentación del plan de viabilidad de Coepa pero no su votación -lo que en Alicante se interpretó como una estrategia para dilatar el proceso-, pero, además, varios de los miembros de la junta plantearon la necesidad de elaborar una informe jurídico al respecto. En concreto, dicho informe deberá analizar las posibles responsabilidades de los dirigentes de Cierval en caso de aprobar una quita tan elevada, y también las consecuencias de su rechazo. Igualmente, quieren saber la repercusión económica sobre las cuentas de la organización regional y la viabilidad de Coepa. Con todo esto sobre la mesa será cuando acepten tomar una decisión y, aunque Gómez confía en que sea positiva, en estos momentos sigue siendo una incógnita.
