Con cautela, con mucha cautela y muchas dudas han acogido los empresarios alicantinos el borrador de nuevos estatutos con los que se pretende refundar la patronal autonómica Cierval para evitar que siga el mismo camino que Coepa, es decir, que acabe en concurso. A pesar de los seis meses transcurridos desde que José Vicente González anunciara sus intenciones -y de los tira y afloja acontecidos desde entonces-, el documento que ayer presentó ante el comité ejecutivo de la confederación sigue sin dejar claro el encaje de las organizaciones provinciales en esta nueva Cierval ni tampoco cómo se repartirá el dinero entre ellas.
Muchas preguntas que ahora deberán resolverse en la negociación que, según propuso González, deberían entablar entre los presidentes de las cuatro patronales afectadas -Cierval, la CEV valenciana, la CEC castellonense y Coepa- con el objetivo de llegar a un consenso antes del próximo 31 de octubre.
Los dos asuntos sobre los que sigue sin haber consenso son, cómo no, el reparto del dinero y el reparto del poder. Sobre lo primero, los nuevos estatutos establecen que las empresas y las organizaciones sectoriales puedan afiliarse directamente a Cierval, que hasta ahora contaba con tres únicos socios, las patronales provinciales. Esta medida reportaría más ingresos a la organización autonómica pero a costa de mermar los que tienen las provinciales. Por eso, desde Coepa insisten en la necesidad de establecer una doble afiliación que, en el fondo, no es más que una forma de repartirse las cuotas que se generen.
Consejos territoriales
La otra gran disputa es el encaje de Alicante y Castellón, que rechazan quedarse sin patronal propia en favor de una única organización autonómica. Esto es, se niegan a quedarse sin poder. El borrador presentado ayer establece la existencia de «consejos territoriales provinciales», una figura que no aclara ni desarrolla, demasiado ambigua para convencer a nadie. Sobre todo, porque Coepa insiste en mantener su propia personalidad jurídica separada de la que tiene Cierval. José Vicente González dejó claro que el texto está abierto a negociación y sobre la cuestión territorial llegó a apuntar que cada provincia decidirá el encaje que mejor le venga. Es decir, que podría darse el caso de que Alicante mantuviera su independencia y Castellón optara por disolverse en Cierval.
Lo cierto es que en la propia Coepa reconocen la dificultad para cerrar un modelo con los problemas que atraviesan estas organizaciones. No hay que olvidar que la alicantina está en concurso y tiene muy difícil salvarse y que la CEC castellonense está imputada por un supuesto fraude en la gestión de fondos de formación, una causa que ha llevado a la imputación de la propia Cierval como responsable subsidiario. Ante este panorama la que ahora tiene más dudas es la patronal de Valencia. El plan pasaba porque la CEV, la única saneada, se fusionara con Cierval para salvarla pero ahora los empresarios del «cap i casal» temen que una operación así les acabe arrastrando y han encargado un informe jurídico antes de tomar cualquier decisión. Hasta entonces no se pronunciarán.
