Fue una de las medidas estrella de la reforma laboral del PP. Facilitar que las empresas con problemas económicos o perspectivas de tenerlos -basta con una simple caída de ventas en dos trimestres consecutivos- pudieran dejar de aplicar las condiciones pactadas en el convenio colectivo y, por ejemplo, reducir los salarios de la plantilla. Una posibilidad a la que se han acogido miles de compañías en todo el país durante los últimos años pero que, afortunadamente, empieza remitir.

Al menos en el caso de Alicante, donde el número de inaplicaciones de convenio comunicadas al Ministerio de Empleo se ha reducido cerca de un 30% en lo que va de año. En concreto, hasta el pasado 31 de agosto se habían registrado en la provincia 44 descuelgues de convenio -la denominación con la que se conoce popularmente a este práctica-, frente a los 62 que se contabilizaron en el mismo periodo del año pasado.

Un cambio de tendencia que, sin duda, está relacionado con la mejora del clima económico y el inicio de la recuperación, aunque también con el hecho de que la inflación esté en negativo, como explica la secretaria comarcal de UGT en l'Alacantí y La Marina, Yaissel Sánchez. «En los últimos años muchas empresas usaban esta figura para evitarse las subidas que recogían los convenios o para rebajarlos pero ahora, como el IPC está en negativo, no lo necesitan para mantener los sueldos congelados», se lamenta la dirigente sindical, que también recuerda que «en los ERE que han puesto en marcha muchas empresas en los últimos años se han marchado los que más cobraban, lo que también ha rebajado la carga salarial de muchas de ellas».

En cualquier caso, lo que está más que claro es que el principal motivo de los descuelgues sigue siendo recortar las nóminas. A pesar de que las inaplicaciones pueden afectar a cualquier aspecto del convenio, como la organización de la jornada, los descansos o el sistema de trabajo, lo cierto es que sólo uno de los 44 casos comunicados en la provincia en lo que va de año no incluía entre las condiciones modificadas la de la cuantía salarial. Tampoco ha cambiado la variedad de empresas que echan mano de este recurso, entre las que se pueden encontrar fábricas de calzado, restaurantes, ferreterías, empresas de transporte o estaciones de servicios, entre otras.

A pesar de esta reducción, la secretaria general de CC OO en l'Alacantí- les Marines, Consuelo Navarro, advierte de que las compañías que comunican los descuelgues, tal y como marca la ley, son solo una minoría y que «hay otras muchas que se saltan las condiciones que fijan los convenios con total impunidad, sin informar de ello». Se refiere, sobre todo a las micropymes donde no existe representación sindical y los trabajadores tienen menos posibilidades de defender sus derechos.

Vuelve la negociación

Sea como fuere, el descenso del número de inaplicaciones coincide con una reactivación de la negociación colectiva y un aumento en la firma de nuevos convenios. Así, hasta julio se firmaron en la provincia 60 nuevos acuerdos laborales de todo tipo, prácticamente el doble que en 2015, tras varios años en los que muchos convenios permanecieron bloqueados por falta de entendimiento entre empresas o patronales y sindicatos. Esto ha elevado el número de trabajadores protegidos por convenio colectivo, desde los 110.791 de hace un año a los 151.303 de la actualidad.

Del total de convenios firmados, hasta 45 fueron de empresa -frente a los 21 del año pasado-, mientras que otros 15 fueron convenios sectoriales (11 en el mismo periodo de 2015). Además, el incremento medio de salario pactado fue del 0,97%, todavía muy bajo pero superior al 0,57% de2015.