Hasta el órgano de gobierno de los jueces van a llegar las cuotas de la CAM. El abogado murciano Diego de Ramón, que representa a cerca de un millar de afectados por la compra de estos valores, ultima la queja que va a presentar ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la magistrada de la Audiencia Carmen Lamela, instructora de todos los procesos abiertos por la gestión de la caja de ahorros, por su negativa a investigar si se cometió delito en la comercialización de este producto. De Ramón ha tomado esta determinación después de que la magistrada dictara un auto la pasada semana en el que se reafirmaba en su postura de archivar la causa en lo relativo a las cuotas, mientras ha acordado seguirla acerca de las preferentes y deuda subordinada, en contra del criterio de la sección tercera de la sala de lo Penal. Un tribunal que, en respuesta a los recursos presentados por De Ramón y los representantes de otros afectados ante el primer archivo dictado por la juez, conminaba a reabrir la investigación al considerar que existen indicios de delito en la comercialización de las participativas.
Excusas
En opinión del abogado, «existen contradicciones legales» en el modo de actuar de la juez que «ha incumplido la legalidad al desobedecer lo acordado por un tribunal» y se ha limitado a «poner excusas para no investigar» si se engañó a quienes compraron cuotas sin saber en realidad lo que estaban adquiriendo.
El tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara no sólo acordó que se reabriera la causa que Lamela había cerrara sino que, además, pusiera especial atención en cómo se vendieron estos títulos a los pequeños ahorradores y jubilados. Para ello planteaba la necesidad de tomar declaración a «una muestra significativa de los inversores comprobándose personalmente por el juez la edad, el perfil, la formación...», y determinar si sabían lo que estaban comprando.
En su enroque para mantener el archivo de la investigación, la juez se agarró a que esa misma sala que ahora acordaba seguir con la instrucción apoyó a principios de mayo dejar sin efecto una pericial para realizar precisamente un muestro sobre el perfil de los compradores. Una prueba que se anuló porque ninguna de las partes estaba dispuesta a aportar los 10.000 euros que costaba y que la juez acabó por dejar sin efecto, lo que después ratificó la Audiencia en respuesta a los recursos que contra ese desistimiento presentaron letrados de los afectados.
Para considerar que no se cometió delito alguno y que, por lo tanto, no tiene sentido mantener abierta la investigación, la magistrada se apoya en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supersivisó todo el proceso de emisión y en que existía un tríptico informativo donde se advertía de que se trataba de un producto complejo con el que los ahorradores podían llegar a perder la inversión realizada. También argumentaba que en el momento que se emitieron, en el verano de 2008, las cuentas publicadas de la caja eran las reales, no así para quienes compraron entre marzo y julio de 2011, cuando el Banco de España asegura que la contabilidad se falseó. Unos cuotapartícipes que están amparados en la pieza principal, la que va a juzgar el supuesto maquillaje de las cuentas de la entidad.
