En sus trece. La magistrada Carmen Lamela, instructora de los procesos abiertos en la Audiencia Nacional por la gestión de la CAM, ha hecho oídos sordos al mandato del tribunal de la sección tercera de la sala de lo Penal para que investigara la comercialización de las cuotas participativas que lanzó la caja y ayer volvió a acordar el sobreseimiento de esta pieza que ya decidió a mediados del pasado marzo.
La juez apoya su carpetazo a la causa en que cuando se emitieron las participativas (sin valor alguno de la actualidad y en las que miles de personas invirtieron sus ahorros, muchos de los cuales aún no los han recuperado) las cuentas de la CAM no estaban falseadas y en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no detectó ninguna irregularidad en su emisión.
Pero nada dice la juez, por contra, de los argumentos que esgrimió el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara para acordar que la investigación continuara. Como que pusiera especial atención en cómo se vendieron estos títulos a los pequeños ahorradores y jubilados, para lo que planteaba la necesidad de tomar declaración a «una muestra significativa de los inversores comprobándose personalmente por el juez la edad, el perfil, la formación...», y determinar así si en realidad sabían lo que estaban comprando.
En el auto notificado ayer Lamela se enroca en su idea de cerrar la investigación sobre este producto (si estimó, por conta, que tenía seguir adelante la relativa a preferentes y deuda subordinada) y se agarra también para ello a que la misma sala que ha acordado seguir con la instrucción apoyó a principios de mayo dejar sin efecto una pericial para realizar un muestro sobre el perfil de los compradores. Una prueba que se anuló porque ninguna de las partes estaba dispuesta a aportar los 10.000 euros que costaba y que la juez acabó por dejar sin efecto, lo que después ratificó la Audiencia.
Sin entrar en si se engañó o no a quienes compraron estos títulos, como recoge el auto de la Audiencia que la juez ha desoído y en el que se habla expresamente de «indicios de delitos», la magistrada insiste en que la CNMV supervisó todo el proceso de emisión y en que existía un tríptico informativo donde se advertía de que se trataba de un producto complejo en el que los ahorradores podían llegar a perder la inversión realizada. Eso además de insistir en que cuando se emitieron, en el verano de 2008, las cuentas publicadas de la caja eran las reales. No así para quienes compraron entre marzo y julio de 2011, cuando el Banco de España asegura que la contabilidad se falseó para declarar beneficios cuando en realidad se arrastraban pérdidas. Estos cuotapartícipes están amparados en la pieza principal, la que investiga el supuestos falseo de las cuentas, pero quedan en tierra de nadie aquellos compraron entre el momento de la emisión y ese periodo. La juez, en línea con el fiscal, considera que esos perjudicados tendrían que acudir a la vía civil en vez de a la penal.
Contra el auto de Lamela, que admite recurso, ya ha anunciado que presentará uno de reforma (ante la propia juez) y subsidiario de apelación (ante el Audiencia) el letrado Diego de Ramón, que en este proceso representa a cerca de un millar de afectados y quien ya consiguió junto a otros damnificados que la Audiencia revocara el primer sobreseimiento acordado por esta juez.
