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La economía colaborativa se abre paso en la provincia

90.000 alicantinos comparten coche a través de internet y 4.600 anuncian apartamentos online

Aunque ya lo había probado en más de una ocasión, el alicantino Agustín Calderón descubrió las verdaderas ventajas de compartir coche a través de BlaBlaCar cuando se echó una novia que vivía en Granada. Los enlaces en transporte público entre ambas ciudades no son lo que se dice muy fluidos y el gasto en gasolina de los viajes semanales suponía una pesada carga. «Para mí fue la solución ideal, se comparte el coste y, además, conoces gente y vas acompañado», asegura. Tanto es así, que luego ha seguido utilizando este mismo método cada vez que se desplaza a La Mancha a ver a su familia o acude a la Vall d'Uxó a ver a sus amigos. De hecho, tiene en mente vender su coche porque, entre semana, ya tiene el de la empresa.

Agustín es sólo uno de los más de 90.000 alicantinos que ya utilizan alguna de las dos mayores plataformas que existen en internet para compartir automóvil -la citada BlaBlaCar, que cuenta con 82.000 usuarios registrados en la provincia, y la española Amovens, que se acerca a los 8.000-, y que suponen el mejor exponente del auge que ha cobrado la denominada economía colaborativa. Un nuevo modelo de negocio o de organización social -según se mire- a través de internet, que ya se extiende a ámbitos tan diversos como el de la financiación, a través de las páginas de «crowdfunding», el intercambio de servicios profesionales o el que más polémica ha levantado en los últimos tiempos, el alquiler de apartamentos.

En este último caso, son ya 4.600 los alicantinos que anuncian sus viviendas sólo a través de las dos mayores webs del ramo, Airbnb y Wimdu, según la información facilitada por ambas plataformas. Lo que resulta más difícil de establecer es el volumen de negocio que generan ya que las compañías son reacias a proporcionar sus datos económicos y apenas existen estudios rigurosos. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -muy activa en el análisis de este fenómeno- remite al estudio realizado por la consultora PwC para la Comisión Europea, que cifra en unos 4.000 millones de euros los ingresos de estas plataformas en toda la UE, y en 28.000 millones el negocio que generan entre sus usuarios, que son los que alquilan sus bienes o comparten gastos.

Como es lógico, los empresarios de los sectores afectados ya han puesto el grito en el cielo ante el avance de esta nueva economía. Afirman que estas plataformas tienen poco que ver con el trueque tradicional y las consideran un negocio en toda regla y una competencia desleal. Así, la denuncia de los taxistas ya ha logrado que se prohíba la aplicación de alquiler de vehículos con conductor Uber; la patronal del transporte en autobús, Confebús, también mantiene una demanda contra BlaBlaCar; y las asociaciones de hoteleros, como la benidormí Hosbec, han redoblado su presión sobre las administraciones para lograr que se limite su actividad de las webs que permiten a los particulares anunciar sus apartamentos en alquiler.

Desde el punto de vista meramente empresarial, «lo que han logrado estas plataformas es reinventar el modelo de negocio de sus sectores, con la enorme disminución del riesgo que implica servirse de la colaboración de los usuarios y el aprovechamiento de recursos que ya existen. Estamos hablando de que la mayor empresa de taxis del mundo, que es Uber, no tiene un sólo vehículo y lo mismo ocurre con el mayor alquilador de apartamentos, tampoco tiene ni una casa», explica el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández, José María Gómez Gras.

Es decir, «se rebaja el listón de inversión necesario y se aprovechan más los recursos que ya hay, lo que es positivo desde el punto de vista de la sostenibilidad», apunta Gómez Gras, quien cree que es inútil tratar de frenar este fenómeno, «que irá a más».

Para el catedrático de la Miguel Hernández, la crisis ha tenido mucho que ver en el desarrollo de estas webs colaborativas pero los implicados relativizan su importancia, aunque el ahorro sea el principal motivo que esgrimen la mayoría de sus usuarios. «La crisis ha actuado de catalizador, pero el proceso ya se había puesto en marcha y no va a desaparecer con la mejora económica», asegura el country manager de BlaBlaCar para España y Portugal, Jaime Rodríguez. «Si la crisis fuera el único motivo, la economía colaborativa no tendría tanto éxito en países como Dinamarca, donde apenas hay paro», apunta también el fundador y CEO de Amovens, Diego Hidalgo.

¿Qué ha provocado entonces la eclosión de este tipo de webs? Para empezar, y fundamentalmente, el avance de la tecnología, que ha permitido que los intercambios de toda la vida entre amigos y familiares se puedan realizar ahora a escala masiva, según explica Hidalgo. Pero también influye, en su opinión, un cierto cambio de mentalidad en el que, cada vez se valora menos tener cosas en propiedad, y se da mayor importancia «a poder utilizarlas cuando sean necesario».

«¿Cuánto tiempo utilizamos realmente el coche?», se pregunta el ejecutivo de Amovens, quien niega que estén realizando una «competencia desleal» al taxi o el autobús «porque nuestros usuarios no ganan dinero, lo que hacen es compartir los gastos de sus viajes». «Si te vas a casa de un amigo a tomarte unas copas, están sustituyendo el servicio que te presta un bar, pero la casa de tu amigo no se convierte automáticamente en un bar», argumenta contra los que exigen regular este tipo de iniciativas.

No opina lo mismo la patronal que agrupa a las compañías de autobús, Confebús. Los empresarios decidieron llevar a BlaBlaCar ante los tribunales al considerar que muchos de los conductores que publican sus viajes sí obtienen lucro y realizan un número de trayectos anormalmente elevado. También, que todos ellos carecen de la licencia de transporte de viajeros que se exige a las compañías y que desde la irrupción de esta plataforma su volumen de negocio se ha desplomado un 20%.

Como es lógico, la multinacional francesa se defiende y afirma que ellos mismos expulsan de su plataforma a aquellos conductores que detectan tratando de hacer un medio de vida de esta práctica de compartir coche. Además, señalan que más de dos tercios de los viajes que publican los usuarios no tienen correspondencia con ninguna línea de autobús existente.

Y es que una de las grandes ventajas de este tipo de plataformas es que permite conectar a usuarios que van a realizar viajes muy específicos, por ejemplo, de Villena a Sevilla, que requerirían numerosos transbordos mediante transporte público.

El funcionamiento de todas ellas es similar y bastante sencillo. Los conductores que tienen previsto realizar un viaje lo publican en la web, en la que deben estar previamente registrados, y señalan el precio que quieren recibir como compensación por los gastos. Aunque cada plataforma es diferente, suele haber una cantidad máxima en función de la distancia. Los interesados reservan la plaza a través de la aplicación. En el caso de Amovens es gratuita, salvo si se paga por la web, con lo que se cobra un euro por la gestión -obtiene ingresos del resto de servicios que ofrece, como el alquiler de coches-; mientras que BlaBlaCar cobra una comisión. Otra de las grandes ventajas es que se pueden consultar las opiniones de otros viajeros sobre el conductor, lo que evita sorpresas desagradables. De hecho, se puede escoger, incluso entre un conductor que hable u otro que prefiera el silencio.

Pero si las webs de compartir coche han generado una importante polémica, las que se dedican a promocionar el alquiler de apartamentos entre particulares no se quedan atrás, como se pudo ver en las jornadas que esta misma semana se celebraron en Benidorm. «Es verdad que toda la vida la gente ha alquilado sus apartamentos para sacarse un dinero, pero con estas páginas del tipo Airbnb o Wimdu la cosa se ha desmadrado. No es lo mismo la familia que viene a pasar un mes o una quincena, que el constante trasiego que se genera con este método. Y tampoco la escala es la misma», se queja el presidente de la asociación hotelera de Benidorm (Hosbec), Toni Mayor.

«Al final, son una molestia para los residentes y el resto de propietarios y se acaba degradando el destino, porque no todos los anuncios cumplen lo que prometen, y un turista descontento ya no vuelve», se queja Mayor, que recuerda, además, el gran volumen de normativa que deben cumplir los establecimientos reglados, en comparación con la nula regulación de estos apartamentos. Además, los hoteleros también denuncian que es un foco de economía sumergida, ya que son raros los propietarios que declaran estos alquileres, aunque Hacienda ha empezado a tomar cartas en el asunto.

Evidentemente, los responsables de las webs no comparten esta visión y ponen de relieve que son los hoteleros los únicos que ponen pegas. Unos hoteles «que elevan el precio de sus habitaciones cada vez que en su ciudad hay un evento importante», señala el PR Manager de Wimdu en España, Giovanni Quaglia, quien señala que, con este tipo de prácticas, pocas «lecciones de moral» pueden dar los empresarios turísticos.

«Los turistas han tenido que adaptarse a los hoteles caros e impersonales durante años pero, ahora, por fin tienen la libertad de elegir cómo viajar», asegura Quaglia, quien no oculta que la razón de su éxito son los precios mucho más asequibles que ofrecen los apartamentos, que son de promedio un 50% más baratos.

Esta web ya recoge hasta1.600 viviendas en alquiler en la provincia. Dénia es el municipio donde más propietarios la eligen, con 638 apartamentos y villas, seguido por Torrevieja (515), Alicante (272) y Benidorm (243). Frente a lo que se pudiera pensar, son los españoles quienes más utilizan la web para alquilar casas en la zona, por delante de alemanes o franceses. Y el negocio no va nada mal, en un año las reservas se han disparado un 40%. ¿Alguien duda de que el fenómeno irá a más?

Pues ni la Comisión de la Competencia ni Bruselas, que ya han emitido sus recomendaciones sobra la materia en las que, básicamente, abogan por encauzar este tipo de iniciativas pero sin limitarlas ni prohibirlas. De momento, con excepción de lo ocurrido en Barcelona, la mayoría de administraciones se muestran cautas y evitan la polémica.

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