La fecha tope se aproxima y no hay una respuesta clara ni del Consell ni del Ayuntamiento de Alicante. Por eso, los máximos responsables de Coepa han decidido convocar a su comité y a su junta directiva el próximo lunes con el objetivo de analizar las alternativas que le quedan antes de que el preconcurso en que se encuentra inmersa desemboque en una quiebra en toda regla y en la liquidación de la patronal. Una situación provocada por las deudas -alrededor de 3,9 millones de euros- que la organización empresarial contrajo con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para construir su centro de oficios y que ahora es incapaz de afrontar.
El tiempo ha pasado volando y, cuando apenas quedan dos semanas para que el próximo 10 de marzo venza el plazo de cuatro meses que establece la legislación -Coepa se acogió al preconcurso el 10 de noviembre-, los tres negociadores designados por la patronal no han logrado arrancar ningún compromiso en firme para que, o bien la administración autonómica, o bien el consistorio alicantino, acepten quedarse con el edificio como dación en pago. Un periodo, el de los 15 días que restan, que los empresarios ven ahora demasiado escaso, incluso si se llegara a un pacto en los próximos días, ya que consideran que no daría tiempo a realizar los trámites necesarios.
Por eso desde Coepa tratan de arañar una prórroga al banco público de la Generalitat, que fue el que precipitó la petición de preconcurso al solicitar en los juzgados la ejecución del préstamo. Se trataría de que el IVF solicitará una paralización provisional de esta demanda de embargo, lo que evitaría tener que declarar la quiebra oficial, pero, de momento, tampoco se ha recibido una respuesta afirmativa por parte de sus responsables, según las fuentes empresariales consultadas, aunque no se descarta que pueda hacerlo antes de la reunión de la junta directiva del próximo lunes.
Rechazo a la dación en pago
En cualquier caso, el problema de fondo sigue siendo cómo librarse del centro de oficios y de la deuda que éste acarrea. Desde el IVF han rechazado reiteradamente una posible dación en pago -que habrían desaconsejado sus servicios jurídicos- pero tampoco quieren dejar caer a la patronal. Para empezar, porque no quieren alentar el victimismo del empresariado alicantino frente a Valencia pero, además, porque la quiebra de Coepa supondría que ésta tampoco pagaría los 455.000 euros que debe a Cierval, lo que podría poner en apuros a la patronal autonómica. De hecho, la organización presidida por José Vicente González también ha convocado un comité extraordinario la próxima semana para analizar las posibles consecuencias de la entrada en concurso de acreedores de la alicantina.
Además, la dación en pago tiene otro problema añadido, que el suelo sobre el que se levanta el centro de oficios es de titularidad municipal. Ante esta situación, desde la Generalitat se intenta que sea el Ayuntamiento Alicantino el que acepte quedarse el edificio, a cambio, claro está, de asumir los 3,8 millones de deuda. Al respecto, el consistorio de la capital ha manifestado su interés por quedarse el inmueble pero pretende hacerlo sin pagar nada, alegando que Coepa incumplió el convenio para la cesión del suelo cuando dejó de impartir formación. Para ello, incluso ha creado una comisión de la que forman parte todos los partidos.
Informe desfavorable
Pero los planes del consistorio chocan con el informe que elaboraron sus servicios jurídicos y que advertían de que, si se reclamaba el edificio, se tendría que asumir el pago del crédito. Unos argumentos que no convencieron a los ediles que solicitaron un segundo informe. Entre tanto, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha llegado a admitir públicamente que no sería un mal negocio, ya que el valor del edificio es superior al de su deuda.
Sin embargo, como ayer reconocía a este diario el portavoz del Ayuntamiento alicantino, Natxo Bellido, de momento, no se ha avanzado más en ninguna dirección, lo que apunta a que la opción municipal también habría entrado en una vía muerta. Y, aunque no fuera así, será muy difícil que Guanyar acepte rescatar a Coepa, lo que podría abrir un nuevo frente en el tripartito, como el que estos días ha generado la polémica en torno a la libertad de horarios.
Con estos mimbres serán los empresarios los que el próximo lunes deban tomar una decisión que, en ningún caso, será fácil.
