La solución a la crisis de Coepa pasa sí o sí por el pago de los 4 millones de euros que el Consell reclama en la demanda de embargo que ya ha presentado en el juzgado por la deuda del centro de oficios de Babel. Ante este escenario, y conscientes de que, en un momento dado, la agónica situación de la confederación alicantina podría acabar arrastrándoles a ellos, desde la patronal autonómica Cierval ya han planteado al Ejecutivo de Puig y de Oltra su solución: forzar una derrama entre los empresarios alicantinos para, de este modo, salvar Coepa. Las conversaciones, por ahora, parece que no han pasado al rango de lo oficial, aunque el Consell ve esta salida con buenos ojos.
Desde el principio, la Generalitat ha dejado claro que, de ninguna de las maneras, tragarán con un rescate con dinero público. Por eso, si la situación llega por esta vía, como es lógico, tienen claro que aceptarán. «La época de rescatar chollos se ha acabado», es un poco lo que se ha venido proclamando desde Valencia desde el cambio de Gobierno, y es lo que se mantenía ayer en determinados círculos políticos.
La situación ha llegado a tal extremo que, desde la patronal autonómica, han ido más allá y han llegado a proponer esta solución a ciertos sectores del empresariado alicantino, coincidiendo con las conferencias que ofrecieron el presidente de la Diputación, César Sánchez, el viernes; y el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, el lunes, en Valencia. Precisamente, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha sido uno de los más activos en este sentido. Al fin y al cabo, es uno de los pesos pesados en Cierval, ya no sólo por una cuestión de representatividad en términos cuantitativos, sino también porque es la única provincial que está al día en el pago de las cuotas. Eso es lo que ha jugado a favor de Salvador Navarro, quien ha acabado aprovechando la situación y ha empezado a tantear los empresarios alicantinos sobre la posibilidad de que esa colecta pueda llegar a buen término. No ha sido el único. También desde el Consell se ha tratado de sondear al empresariado de forma indirecta para ver si podría haber alguna respuesta en este sentido.
Evidentemente, hasta ahora, la idea que se les ha venido trasladando desde Alicante a unos y a otros es que ésta es una salida poco viable, porque pocos, por no decir nadie, estarían dispuestos a poner dinero y menos los cuatro millones que reclama el Consell en su demanda de embargo.
Otra cosa es la cúpula de Coepa. Argumentan que no se les ha hablado de esta posibilidad en ningún momento, y que ellos tampoco se la han planteado hasta la fecha. En cualquier caso, lo que mantienen es que la patronal alicantina debe estar centrada ahora más que nunca en la búsqueda de una salida negociada que permita salvar Coepa y que haga posible que ninguna de las partes implicadas salga perdiendo. Y es que a nadie escapa que ésta es una partida que en estos momentos se juega a tres bandas. Ya no sólo es una cuestión entre Coepa y el Consell. El Ayuntamiento de Alicante es el propietario del suelo sobre el que se levanta el centro de oficios, y ya ha dejado claro que también tiene mucho que decir en este tema. Por ahora, la directiva de Coepa ha movido ficha y ha nombrado una comisión negociadora con tres nombres de consenso: Francisco Gómez, Antonio Arias y Cristóbal Valdés. La intención es bien clara: lograr una solución a golpe de diálogo y negociación. Habrá que ver hacia dónde caminan las cosas a partir de ahora.
