Las cosas se ponen peor para Coepa cada día que pasa. Y es que la táctica que está utilizando la patronal de no asumir ninguna responsabilidad en la crisis por el centro de oficios -con la demanda de embargo y el preconcurso de acreedores de por medio- lo pone todo más negro por momentos. La organización echa la culpa a los anteriores gobiernos del PP por cerrar el grifo de las ayudas públicas; al Gobierno de Puig y de Oltra por no acudir a su rescate y dejarles caer, dentro de la estrategia -dice Moisés Jiménez- de acabar eliminando las provincias; y a la propia patronal autonómica por querer acabar con Coepa para tener una organización centralista y, por tanto, más fuerte. Ante este escenario, el malestar en Valencia es más que evidente, y reacciones como ésta no han sentado nada bien en el Consell, que deja bien claro que presionar va a servir más bien de poco. La filosofía es bien clara: o pagan, o no hay nada que hacer. De hecho, el propio director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, mantiene que de ningún modo la Generalitat puede aceptar la dación en pago. «¿Qué hacemos nosotros con ese edificio?». Tampoco el conseller de Transparencia, el alicantino Manuel Alcaraz, ve muchas más salidas, aunque tiene claro que las declaraciones que se están haciendo son totalmente contrarias a la cohesión social. «Hay que cumplir con la legalidad y con lo que marquen los servicios jurídicos, y hay que dialogar, pero ésta no es la fórmula», alega en alusión a la huida hacia adelante de Coepa.
Precisamente, el banco de la Generalitat ha sido el organismo más criminalizado en las últimas semanas, a raíz de la demanda de ejecución que ha presentado en los tribunales. Sin embargo, el director del IVF sostiene que no tenían otra salida. «Coepa tiene una deuda de 3 millones de euros por el centro oficios y el Ayuntamiento cede el suelo para que el edificio se dedique a actividades formativas. Además, hay subvenciones finalistas. Ya se intentó antes que el Servef se quedara con el centro, pero el Servef ya tiene edificios propios, y a eso se suma que hay un mandato de la comisión de inversiones del anterior Consell para que se ejecute la garantía. ¿Qué podemos hacer entonces?», cuestiona Manuel Illueca. «Entendemos que la directiva de Coepa se ha podido encontrar con esta situación, pero nosotros también, y nosotros tenemos que hacer una administración diligente, sobre todo porque el presidente de Cepyme ya presentó una querella contra el anterior IVF por esto mismo», se justifica. Ante este escenario, la conclusión es clara: «La situación de Coepa es complicada, porque tampoco ellos dan otra alternativa. La dación en pago no puede ser la solución, porque ya se ha intentado con dos gobiernos», sentencia.
No obstante, sí diferencia con la situación que se ha generado en IFA. «Hasta el momento, nadie ha venido a hablar con nosotros ni con el conseller de Hacienda, cuando hay 39 millones por un préstamo directo con el IVF y otros 37 millones con entidades financieras, que no están avalados por el IVF, sino por la Generalitat, y, por tanto, es la Tesorería de la Generalitat quien debe pagar esas pólizas, no el IVF», explica. De hecho, incide en que en ningún momento el Consell se ha negado a hacerse cargo de esos pagos. «La situación de Coepa es complicada; pero la de IFA es distinta, sólo hay que trabajar en un plan de viabilidad, y en eso es en lo que se está trabajando con la Conselleria de Economía, porque entendemos que las ferias son vitales para la economía de esta Comunidad. Otra cosa es el proyecto inmobiliario que se plantea. Si ponemos dinero, tendremos que conocer las posibilidades de recuperarlo», argumenta Illueca.
Más duro se muestra el conseller Manuel Alcaraz. Evidentemente, el responsable autonómico de Transparencia no entra en las posibles soluciones que se pueden abrir para una confederación como Coepa. Ahora bien, no oculta el estupor que le causan declaraciones como las que se están haciendo desde la cúpula de la patronal. «Es insólito que alguien que representa a una asociación tan importante diga lo que dice y eche la culpa a un gobierno que lleva cuatro meses y que siempre ha estado abierto a hablar con todo el mundo, y cuando no existe esa estrategia de la que hablan», puntualiza, en alusión a las palabras de Moisés Jiménez en las que decía que la crisis de su organización responde a la intención del Consell de eliminar las provincias.
«¿Por qué no han dicho nada de esto durante todos los años que ha estado gobernando el PP? ¿Por qué no han criticado nunca un modelo económico que nos llevó al desastre? ¿Por qué no han criticado nunca la corrupción cuando fueron invitados a que lo hicieran? Al final, el señor Jiménez y su cúpula no han entendido que el cambio que se ha producido y se está produciendo es lo que ha pedido una mayoría electoral», manifiesta.
En cualquier caso, pone el acento en que «el Consell no va a cambiar su línea fijada, y tiene un respeto exquisito hacia asociaciones como ésta, que tienen una trayectoria tan larga e importante. Por supuesto, pueden criticar las decisiones que se tomen desde el poder político, pero las afirmaciones basadas en hipótesis y prejuicios y el victimismo nos acaba empobreciendo como provincia y como comunidad». Alcaraz, en esta línea, insiste en que «la elite empresarial debe tener claro que las políticas sociales son la prioridad, y que presiones basadas en prejuicios e hipótesis es lo último que necesita la provincia». En este contexto, deja muy clara la postura de su Ejecutivo: «Si hay que sentarse a hablar, el Consell se sentará, pero siempre con transparencia, con claridad y desde el respeto a la ley».
