Los negocios que la CAM montó en el Caribe con los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó José Baldó nos pueden acabar costando a todos al menos 28 millones de euros. En esta cifra, que podría aumentar pero nunca disminuir, cifró ayer un perito del Banco de España el quebranto económico que por la aventura americana de la caja ya ha tenido que asumir el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD, el organismo financiado por bancos, cajas, cooperativas de crédito y el Banco de España para cubrir las pérdidas de los depositantes en caso de insolvencia de alguna entidad financiera), que tuvo que inyectar 5.242 millones a la CAM para que la entidad pudiera ser adjudicada después al Sabadell por un euro.
El perito, que ayer declaró ante el magistrado de la Audiencia Nacional Juan Pablo González en el marco de la pieza que investiga los proyectos que la caja puso en marcha con Ferri y Baldó en México y la República Dominicana a través de Valfensal, manifestó su extrañeza por el hecho de que estas operaciones no fueran aprobadas por el consejo de administración de la caja cuando era su holding inmobiliario (TIP) el que asumía todo el riesgo y ponía el dinero sin que después obtuviera beneficio alguno. Una forma de operar en la que el inspector del Banco de España considera que no se cumplieron los requisitos mínimos ni se arbitraron los más básicos sistemas de control.
En esta causa están imputados, además de los empresarios de Benidorm, sus otrora socios y amigos: el entonces director general de la CAM Roberto López Abad y su hombre de confianza en temas inmobiliarios Daniel Gil, a quien el perito aseguró que se le remitía cuando, durante la elaboración del informe realizado por el Banco de España, preguntaba por los negocios de Valfensal al otro lado del Atlántico y quien, precisó, dio una información de cómo se gestionaban estos negocios que después no se correspondió con lo que vieron los inspectores.
En otro momento de su declaración, el inspector del Banco de España agregó que los gestores de la caja no le facilitaban información al tiempo que destacó la necesidad de haber analizado los contratos de comercialización, a los que nunca tuvo acceso, dijo. Una queja, la de la reticencia de los responsables de la entidad a colaborar, de la que volvió a dejar constancia a preguntas del fiscal Anticorrupción, a quien también reiteró que la información que facilitó Gil resultó no coincidir con lo que después se encontraron durante la elaboración del informe.
A preguntas del abogado de López Abad, el perito matizó que el riesgo de la CAM nunca disminuyó sino todo lo contrario y agregó que, en lo referente a los préstamos que la caja concedió para estos proyectos, las garantías no eran lo realmente importante porque éstas nunca justifican una financiación.
El informe elaborado por la Guardia Civil sobre estos hechos sostiene que Ferri y Baldó se apropiaron de buena parte de los beneficios de los negocios hoteleros que con la CAM tenían en el Caribe en connivencia con López Abad y Daniel Gil.
