No le ha temblado el pulso al Consell a la hora de presentar la demanda de ejecución contra Coepa por la deuda que mantiene por el centro de oficios, pese a ser consciente de que eso puede suponer la sentencia de muerte definitiva para la patronal alicantina. De hecho, el Gobierno valenciano no sólo reclama 4 millones de euros, sino que pide al juez el embargo de todos los bienes de la organización empresarial, incluidas cuentas corrientes, subvenciones y ayudas públicas, y hasta coches si los hubiera, más allá del edificio en sí. Sin embargo, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se escudó ayer en que, al final, el Ejecutivo de Puig y de Oltra no ha hecho más que dar continuidad a un proceso que inició el Gobierno de Fabra, cuando en un comité de inversiones del Instituto Valenciano de Finanzas acordó iniciar los trámites para requerir el pago de la deuda. Eso precisamente es lo que le sirvió a Soler para sostener que ya no hay marcha atrás, aunque eso acabe dando la puntilla definitiva de Coepa. En este contexto, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, acabó de cerrar el círculo dejando bien claro que la dación en pago está descartada. El Ayuntamiento es el propietario del suelo sobre el que se levanta ese edificio y, por tanto, la patronal no puede entregarlo para saldar su deuda.
Soler, de entrada, hizo en todo momento un paralelismo entre Ciudad de la Luz y el centro de oficios de Coepa. Uno y otro caso son situaciones heredadas del PP, o de la «etapa anterior», como remarcó en varias ocasiones, y poco menos que ellos no han podido hacer otra cosa, más allá que dejar que todo siga su curso, sea cuál sea el desenlace final. «Todo estaba escrito, todo estaba decidido y nosotros tenemos que gestionar en tiempo de descuento lo que podamos», dijo, para, acto seguido, añadir que «el IVF del Gobierno anterior decide, cuando no se paga, ejecutar las garantías, porque hay una comisión de inversiones que así lo decide. Por tanto, el expediente está cerrado», sentenció.
Ahora bien, sí puso el acento en que voluntad por su parte ha habido, hasta el extremo de admitir que el director general del IVF habló con Coepa para tratar de buscar una salida a este embrollo. «No se puede hacer nada, porque la dación de pago, que fue algo ya previsto, trabajado, estudiado, no se vio adecuado en la época anterior, y sería insólito no ejecutar decisiones del Gobierno anterior», dijo tratando de zanjar este tema. Sin embargo, Echávarri quiso despejar dudas, por si a estas alturas aún quedara alguna: «El suelo es del Ayuntamiento de Alicante, y somos parte, pero quieren -por Coepa- hacer una dación en pago, cuando el suelo no es suyo», puntualizó. Por eso, avanzó que, se decida lo que se decida, en ningún caso su equipo accederá a esa solución que plantea la patronal. «Nosotros, en todo caso, nos opondríamos a esa dación en pago», alertó. Sin embargo, no fue el único aviso a navegantes que lanzó: hay una comisión en marcha para verificar si se ha cumplido el convenio y, de verificarse que la organización empresarial se ha saltado algunos de los puntos de ese acuerdo, no sólo pedirán recuperar el suelo para la ciudad, sino también el edificio. De cumplirse así la amenaza, Coepa se podría ver sin edificio y con deuda. Las cosas se complican cada vez más.
