El Consell ha cumplido su amenaza, y no sólo ha presentado una demanda de ejecución contra Coepa por la deuda por el centro de oficios, sino que pide el embargo de todos sus bienes, incluidas cuentas, subvenciones y devoluciones tributarias, además de lógicamente ese edificio.Las tornas han cambiado. El Consell ha pasado de ser el principal valedor de Coepa a ser quien va camino de darle la puntilla final. Desde Zaplana a Camps, pasando por el propio Fabra, que en las horas más bajas de la Generalitat llegó a perdonarle la vida no reclamando la deuda, el Gobierno valenciano nunca escatimó en mimos -a golpe de subvenciones- hacia la patronal alicantina. La dependencia llegó a tal extremo que hubo no pocos presupuestos en los que las aportaciones públicas -fundamentalmente del Consell- llegaron a superar el 90% de los ingresos. Coepa, a cambio, encabezó protestas y manifestaciones cuando se le llamaba a filas. Ahora, todo se ha torcido, y se ha torcido por un edificio que en su día se planteó como el megaproyecto estrella de esta organización: el centro de oficios de Babel.
Hasta ahora se había especulado mucho sobre la presentación de esa demanda, hasta el punto de que desde la cúpula de la patronal no tenían empacho en afirmar hace sólo unos días que esto no era más que «ruido mediático» interesado, y que poco menos que todo respondía a una caza de brujas contra el núcleo duro de la confederación alicantina. Sin embargo, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la demanda de ejecución no sólo existe, sino que, además, entró en los juzgados de Alicante el pasado 13 de octubre.
El paso que acaba de dar ahora el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo éste que es quien dio el préstamo de 3 millones de euros para la construcción del edificio, pone así al borde del precipicio a una organización ya de por sí desahuciada. Acaba así el Ejecutivo de Puig y de Oltra con lo que ya empezó el de Fabra cuando la comisión de inversiones del IVF inició los trámites para pedir la ejecución, y envió un burofax a Coepa, ya pasada la debacle del 24-M, requiriendo el pago, en una clara respuesta a la querella interpuesta por Cepyme contra la cúpula del IVF y, por extensión, del Consell, por no haber requerido el pago de la deuda a su debido tiempo.
En esta demanda, el banco de la Generalitat ahora reclama casi 4 millones de euros: algo más de 3 millones por el principal e intereses ordinarios y de demora; y otros 900.000 euros por los intereses que se puedan ir generando mientras dure el proceso y hasta que se cancele la deuda.
De hecho, desde que se firmara el préstamo, allá por 2006, hasta hoy, la patronal sólo ha cubierto del principal del crédito 225.000 euros. Todavía le quedan pendiente de abonar 2,7 millones, a los que se sumarían unos 163.000 euros en intereses ordinarios; 85.000 euros más de intereses de demora sobre el capital; y otros 24.000 euros por intereses de demora de los intereses. No en vano, el acta del comité ejecutivo y de la junta directiva de Coepa ya recogía el 3 de octubre de 2012 una intervención del presidente de la confederación, Moisés Jiménez, en la que informaba de que, durante una reunión con el entonces director general del IVF, se le entregó en mano un escrito en el que se le comunicaba la «imposibilidad» de seguir haciendo frente al crédito que se firmó «para suplir la falta de pago de la Generalitat». La declaración, además, venía casi a coincidir con el cierre del centro de oficios. La excesiva dependencia de las ayudas públicas y el sobredimensionamiento de su estructura organizativa empezaban a pasar factura a una confederación que llegó a tener una plantilla que rondaba los 80 empleados y que tenía que hacer frente al mantenimiento de hasta tres edificios: la sede de Ruperto Chapí -que se acabaría arrendando a la Cámara para, posteriormente, acabar vendiéndola en el verano de 2014-, el edificio de la calle Orense -patrimonio sindical y, por tanto, de la CEOE- y el centro de oficios.
Ante esta situación, el IVF no se conforma con pedir al juzgado sólo la ejecución del edificio. Por el contrario, va más allá y pide el embargo de las cuentas corrientes, de las devoluciones tributarias e incluso de cualquier tipo de ayuda o subvención que pueda recibir la patronal. La situación que se le crea así a Coepa es la que es: con los presupuestos que se presentaron para 2015 en la mano, queda en evidencia que de los 2,1 millones de euros previstos en el capítulo de ingresos sólo 260.000 euros proceden de cuotas de asociados. Para acabar de rizar el rizo, y, por si acaso, el banco del Consell también pide al juzgado que investigue si Coepa tiene más bienes y, en particular, si tiene algún tipo de vehículo susceptible de ser ejecutado.
Con ello, los peores presagios se han cumplido. Tanto es así que, desde hace varias semanas, son muchos los que en el Consell ya dan por muerta a la confederación empresarial alicantina. Sin embargo, habrá que estar a los pasos que dé Coepa. Es verdad que son muchas las voces en el seno de la organización que ya han hecho saber por un medio o por otro que todo lo que se tarde en formalizar el embargo -pero sólo del edificio- está de más. Ahora bien, tampoco es menos cierto que en un escrito enviado por Coepa en respuesta a ese burofax de la etapa final de Fabra alertaban de que no tendrían más remedio que declararse insolventes si se llegaba al embargo y amenazaban con acabar demandando al Consell por incumplir sus compromisos o, dicho de otro modo, por no seguir poniendo dinero. Habrá que ver si cumplen, y habrá que ver si el Ayuntamiento de Alicante -el tercero en discordia- mueve ficha y acaba pidiendo el suelo municipal sobre el que se levanta el dichoso centro de oficios.
