El exdirector general de la CAM Roberto López Abad y quien fuera su hombre de confianza en la caja para las cuestiones inmobiliarias Daniel Gil Mallebrera tendrán que verse de nuevo las caras con el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. El juez ha citado otra vez a ambos en calidad de imputados en el marco de las dos piezas que, a instancias del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), abrió la semana pasada para investigar operaciones que la entidad de ahorros realizó a través de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la filial inmobiliaria de la CAM.
Los dos exdirectivos, que tendrán que comparecer ante Gómez Bermúdez a mediados del próximo mes, han sido citados por partida doble, es decir, que serán interrogados por la pieza denominada «TIP suelo» y por la llamada «TIP reestructuraciones». El juez quiere saber si los dos gestores de la entidad, quienes a su vez controlaban directamente el holding inmobiliario de la caja, permitieron que varios promotores dieran auténticos «pelotazos» con la recompra por parte de la entidad de terrenos a un precio muy superior al original así como si la constructora alicantina Hansa Urbana accedió a realizar diversas operaciones con el único objetivo de engordar artificialmente los resultados de la caja a cambio de reestructurar la deuda de la mercantil.
Ambas operaciones, en las que aparecen involucrados el grupo empresarial Ballester y el promotor Rafael Galea, vienen recogidas en el informe que sobre la situación de la CAM realizó el Banco de España y que ha servido de base para la pieza principal que sobre la gestión de la caja se viene investigado en la Audiencia Nacional desde el verano de 2012. Junto a éstas se citan también negocios que el empresario Enrique Ortiz llevó a cabo con la caja, como la compra de terrenos en Agua Amarga, cuya investigación como pieza separada también reclamó el FGD sin que el juez haya visto a priori en estas operaciones algo más que una «mala praxis bancaria», por lo que finalmente no ha acordado su apertura.
La pieza «TIP suelo» se centra en los «pelotazos» que se produjeron en tres sociedades: Nyesa Pirineos, Emporio Mediterráneo (del Grupo Ballester) y Huéznar. El primero de ellos es el más escandaloso ya que la CAM llegó a pagar a sus socios en esta compañía hasta 33,5 millones de euros por unos terrenos que inicialmente costaron 1,3 millones. Es decir, 30 veces más de su precio inicial.
En la pieza «TIP reestructuraciones» la Audiencia Nacional tratará de esclarecer las relaciones entre la CAM y Hansa Urbana, donde la caja tiene también una participación minoritaria. Unas relaciones que el Banco de España ya calificó como «privilegiadas». Las sospechas del supervisor se centraban en varias operaciones societarias que se produjeron a finales de 2010 y que, según los inspectores, tuvieron como objetivo que la caja pudiera engordar artificialmente sus beneficios (los últimos que debía presentar en solitario antes de su frustrada fusión con Cajastur) en unos 40 millones de euros mediante la generación de falsas plusvalías, a través del intercambio de acciones entre la CAM y los Galea. Posteriormente, en 2011, los responsables de la caja le habrían devuelto el favor a sus socios aceptando una reestructuración de su deuda más que generosa, que evitó su entrada en concurso de acreedores aquel mismo año.
Gómez Bermúdez considera que estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
