Ocho directivos de la CAM, con el presidente y los dos últimos directores generales de la entidad a la cabeza, falsearon las cuentas de la caja a través de operaciones con títulos fallidos de modo que en el último año y medio de vida de la entidad se declararon beneficios cuando en realidad se arrastraban pérdidas. Eso además de haberse contabilizado incorrectamente tanto el reparto de dividendos de las sociedades filiales como el cobro de indemnizaciones por prejubilación y otras retribuciones de las que se habría beneficiado el comité de dirección. Es la conclusión a la que tras dos años y medio de instrucción judicial ha llegado la Fiscalía Anticorrupción en la considerada pieza principal de las cinco que abiertas en la Audiencia Nacional por la gestión de la caja de ahorros.
El escrito del fiscal, remitido al juez hace unas semanas después de los presentados por los ocho imputados (en los que todos ellos piden el sobreseimiento de la actuaciones), supone la antesala del pase a procedimiento abreviado de la causa, que insta la acusación pública, lo que en la práctica equivale al procesamiento de aquellos encausados que al final acuerde el magistrado Javier Gómez Bermúdez, instructor del proceso.
Una investigación que arrancó centrada en los estados financieros de la CAM de 2010 y los primeros seis meses de 2011 y que tanto según los informes periciales que aportó la representación procesal de la CAM, como los elaborados posteriormente a petición del fiscal, concluyen que las cuentas no reflejaban la imagen real de la entidad.
Titulizaciones
Esto ocurría como consecuencia, sobre todo, de una práctica conocida como titulizaciones que consiste en la venta de créditos fallidos para minimizar riesgostitulizaciones , sólo que en el caso de la CAM se vendían con opción de recompra, con lo que en realidad el riesgo no se traspasaba, sólo se ocultaba durante un tiempo. Esto llevó a que el resultado contable del ejercicio 2010 debía haber sido menor que el presentado en casi 170 millones de euros.
El fiscal también aprecia indicios de un incorrecto reparto de dividendos de las sociedades filiales de la caja y de la dotación relativa al fondo de prejubilaciones, concepto por el que miembros del comité de dirección habrían cobrado indebidamente alrededor de 20 millones de euros por varios conceptos retributivos (indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser).
El acusador público también tiene en cuenta «la actuación del auditor externo de la CAM a la hora de detectar y advertir eventuales irregularidades cometidas en la contabilidad de la caja» sin olvidar el pago de retribuciones variables como eran las pagas de beneficios, aportaciones a los planes de pensiones, incentivos anuales y bonus a largo plazo.
Mantiene que de estos hechos serían responsables el último presidente de la caja, Modesto Crespo, los dos últimos directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los también directivos en el momento a que refieren los hechos investigados Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa. A todos ellos les atribuye una participación tanto en el presunto falseo de la cuentas como en la asignación de retribuciones con independencia de que concrete más adelante, en el escrito de acusación, el grado de responsabilidad de cada uno de ellos en las actuaciones objeto del procedimiento. Como adelanto, mantiene que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de apropiación indebida, falsedad contable y/o de administración desleal.
Las actuaciones que la Fiscalía Anticorrupción atribuye a los encausados
Modesto Crespo. Presidente de la CAM desde el 8 de junio de 2009 hasta la intervención de la entidad dos años después, en julio de 2011. El fiscal considera que por el cargo que ostentaba el empresario ilicitano «conocía o pudo conocer» las decisiones tomadas por los directivos de la caja que se investigan en este procedimiento penal.
Roberto López Abad. Director general de la entidad entre febrero de 2001 y diciembre de 2010 y a partir de ese momento director general del Banco Base. Era el primer jefe administrativo de la caja y quien, según consta en varios correos incorporados a la causa, «desempeñó un papel relevante tanto en el proceso de elaboración de las cuentas anuales de 2010 como en la fijación de las retribuciones que los peritos han señalado que se pagaron indebidamente», según precisa el fiscal en su escrito.
María Dolores Amorós. Directora general adjunta desde febrero de 2001 a diciembre de 2010 con Roberto López como director general, cargo que ocupó a partir de ese momento. Fue la principal colaboradora de López Abad en la elaboración de las cuentas de 2010 y, como directora general, no sólo presentó las cuentas anuales al consejo de administración sino que fue «la principal responsable en la elaboración de los estadios intermedios de 2011». Con ella al frente de la caja se autorizó el pago de las retribuciones consideradas indebidas por las acusaciones.
Teófilo Sogorb. Director general de Planificación y Control con la responsabilidad, entre otras, de «elaborar la proforma de las cuentas anuales, donde se contabilizaron de manera irregular las operaciones de titulización con el único objeto de general falsos beneficios». El fiscal mantiene además que «fue quien firmó los estados financieros que fueron enviados al Banco de España» y que se tomaron como base para el cálculo de las retribuciones consideradas indebidas.
Vicente Soriano. Director de Recursos a quien el Ministerio Público también considera responsable del abono de las retribuciones que se estiman indebidas en tanto que este asunto era competencia directa de su departamento.
Francisco Martínez. Director de Inversiones y Riesgos en los años que se produjeron los hechos objeto del procedimiento. Era el máximo responsable del área donde se realizaban las titulizaciones (la venta de créditos fallidos pero con opción de recompra) «por lo que debió conocer que estas operaciones se hacían para generar resultados de forma artificial», precisa el fiscal. Martínez fue también quien presentó estas operaciones al consejo de administración.
Juan Luis Sabater. Director de Financiación y Gestión de Liquidez de la entidad y la persona que materialmente firmó los contratos de las operaciones de titulización. Considera la acusación pública que por este motivo cabe suponer que conocía cuál era el objetivo real de estas operaciones aunque actuara bajo las órdenes de Francisco Martínez, su superior inmediato.
Salvador Ochoa. Director de Información Financiera y quien, por razón de su cargo, «jugó un papel importante en la irregular contabillización de las operaciones de titulización, aunque también él actuara bajo las órdenes de su superior, el director general de Planificación y Control, Teófilo Sogorb, según mantiene el acusador público.
