De imputado en la pieza que investiga las dietas que cobró el último presidente de la CAM a primer testigo de cargo en la causa que indaga la comercialización de preferentes, cuotas participativas y deuda subordinada de la caja de ahorros. Éste es el recorrido judicial que en apenas unas semanas ha realizado el sindicalista de la CAM Manuel Navarro Bracho, quien ayer compareció ante el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Fue precisamente el instructor de estos procesos quien citó al representante de Sicam nada más escuchar su rotundo testimonio en la pieza por los cobros de Modesto Crespo, donde el sindicalista expuso el sinsentido que habría sido haber dado el visto bueno a estos pagos cuando después, el 26 de diciembre de 2011, una plataforma de la que formaba parte su sindicato denunció ante la Fiscalía las retribuciones y rentas vitalicias tanto de Crespo como de Roberto López Abad y de la también directora general María Dolores Amorós por considerarlas abusivas.
En ese momento, y aunque no era el objeto de la causa por la que estaba declarando, Navarro Bracho quiso también dejar clara su postura, y la de una buena parte de la plantilla de la CAM, contraria a la emisión de las cuotas. Una opinión que el sindicalista se preocupó de que se expresara ante notario y que después trasladó tanto al consejo de administración de noviembre de 2007 como a la asamblea general del mes siguiente, meses antes de la emisión. Sobre esta cuestión volvió ayer a referirse para precisar que de los 623 empleados que se manifestaron, el 58% lo hizo en contra de lanzar los valores, el 27% a favor y el resto fueron comentarios nulos.
A preguntas de Gómez Bermúdez, quien llevó el peso del interrogatorio, el representante del Sicam explicó que una vez emitidas las cuotas, el comité de dirección dio órdenes para su «venta masiva» a todos los clientes. Y que aunque los había más susceptibles de comprar estos productos, la idea era que «todo el mundo valía» para colocar unos valores que se han acabado amortizando a cero euros y en los que todavía tienen atrapados sus ahorros un número importante de clientes de la caja.
Por la información a la que como representante sindical tenía acceso, explicó Navarro Bracho, que existía un organigrama de venta elaborado por los máximos responsables de la caja en el que a cada director de sucursal se le asignaba un volumen de operaciones. Además, se implicaba a los empleados para que utilizaran la confianza que los clientes tenían depositada en ellos y en la propia caja para vender unos productos de cuyos riesgos reales no se informaba en profundidad. «De haber tenido en su poder los clientes el folleto informativo ninguno hubiera comprado», aseguran fuentes presentes en la declaración que señaló el sindicalista.
«Regar el jardín»
La presión para que se vendieran las cuotas era tal que en el argot interno de la caja se acuñó la expresión «regar el jardín» para referirse a la necesidad de incrementar ventas en el momento en que se detectaba una disminución de los títulos en circulación. Esta presión hacía que empleados de la caja y familiares se hicieran también cuotapartícipes, algunos a la fuerza, bajo de la idea de que «todos teníamos que echar una mano».
Los trabajadores que así lo hicieron contaban con una ventaja fiscal, según se explicó ayer: los tres primeros años estaban exentos de tributar por estos valores que sí tenían que declarar a Hacienda transcurrido ese plazo si antes no los habían vendido.
El magistrado se quedó con toda la documentación que Navarro Bracho había reunido para su declaración (circulares internas en su mayoría) al tiempo que frustró el intento del abogado de López Abad de preguntar al testigo quién le se la había facilitado.
